El estado español se convertirá en la mayor inmobiliaria del país cuando este otoño esté operativo el llamado «banco malo», el instrumento que, siguiendo instrucciones de Europa, creará el Gobierno en su nuevo intento de taponar las vías de agua del sector financiero. Desechado por el anterior ejecutivo y también por el actual hasta que llegó la petición de rescate y la orden de Bruselas, el Ministerio de Economía y la consultora estadounidense Álvarez & Marsal (con experiencia en la liquidación de Lehman Brothers) trabajan ahora a marchas forzadas en el diseño del «banco malo» español, que será aprobado por el Consejo de Ministros el 24 de agosto.
España se sumará así a una fórmula aplicada eficazmente en otros países con burbujas inmobiliarias (Suecia en 1992 o Irlanda desde 2010), pero que lleva aparejadas notables incógnitas. Sobre todo una: cuál será el coste para los contribuyentes.
¿Qué es un «banco malo»?
Un «banco malo» es una sociedad -a menudo pública, aunque abierta a la participación privada-, que se crea para liberar a la banca de sus activos tóxicos: créditos a promotores con riesgo de impago, solares y viviendas de las entidades financieras...El propósito es dejar «limpios» los balances de las entidades para que, convenientemente recapitalizadas, vuelvan a desempeñar su misión y su negocio: dar crédito.
¿Cómo funciona?
El procedimiento suele ser el siguiente: el «banco malo» compra esos activos tóxicos a un precio fijado mediante tasaciones independientes y los gestiona con el objetivo de recuperar el dinero a medio plazo (unos diez años). Aunque no siempre se consigue, en el caso de Irlanda parece estar funcionando: el NAMA, que así se llama el «banco malo» irlandés, tiene beneficios dos años después de su creación.
Algunos de los aspectos esenciales por concretar en el caso español son los siguientes: qué bancos estarán obligados a traspasar sus activos a la nueva sociedad, qué tipo de activos serán y qué precio se pagará por ellos.
¿Qué bancos deben entrar?
En principio, quedarán obligadas por la disciplina del «banco malo» todas las entidades que vayan a recibir ayudas con cargo al rescate solicitado a la UE. Son seguros los casos de las nacionalizadas Bankia, Banco de Valencia, CatalunyaCaixa y Novagalicia. La nómina crecerá cuando en septiembre se conozcan los resultados de las auditorías realizadas a todas las entidades.
¿Qué deberá asumir?
Es seguro también que entre los activos que deberán ser traspasados están los pisos y solares acumulados por los bancos y los créditos a promotores con riesgo de impago (moroso, dudoso o subestándar), aunque esté por ver si se incluyen además los préstamos sanos de apariencia y que pueden no serlo: aquellos que figuran como tales en los balances, pero que han sido objeto de sucesivas refinanciaciones negociadas entre los bancos y las empresas. Algunos analistas sitúan ahí uno de los agujeros negros por destapar en el sector financiero.
La operación podría alcanzar también a la participaciones accionariales en grupos inmobiliarios, más de 400 sociedades sólo entre los bancos nacionalizados. Estos mismos acumulan créditos a promotores e inmuebles adjudicados que en sus balances valoran en más de 75.000 millones, incluidas 50.000 viviendas.
¿Cómo se financiará?
El precio que pagará el «banco malo» es otra gran clave. Si el precio es muy bajo (como el actual de mercado en bastantes casos) y las provisiones ya realizadas por los bancos resultan insuficientes para cubrir la diferencia con el valor que figura en los balances, las entidades deberán aflorar nuevas pérdidas, subirá su déficit de capital y, con ello, también sus necesidades de ayudas públicas. Pero si el «banco malo» paga un precio más elevado serán mayores sus dificultades para vender los activos sin pérdidas que a la postre también pueden recaer sobre los contribuyentes. El «banco malo» se financiará, entre otras vías, con una aportación de 25.000 millones del fondo de rescate europeo.
Los riesgos de la operación
Los primeros datos indican que los activos se comprarán a «valor económico a largo plazo». Traducido de la jerga financiera, es un precio superior al actual de mercado. El Gobierno optaría así por una vía blanda con los bancos para evitar que se disparen ahora sus pérdidas y los fondos necesario para el rescate. La contrapartida es que aumenta el riesgo de menoscabo público si el negocio inmobiliario no remonta con el vigor necesario en los próximos años y no permite recuperar el dinero.
