Bruselas mantiene el pulso con España por el polvorín de las preferentes. La Comisión Europea (CE) tachó ayer de «pura especulación» la posibilidad de que se esté negociando con la Comisión de la Competencia, cuyo comisario es Joaquín Almunia, una solución que permitiera a los afectados por las participaciones preferentes de las cajas nacionalizadas recuperar su inversión a largo plazo, aceptando una quita inicial fuerte, una información difundida el pasado miércoles por el diario económico Financial Times.
El rotativo británico aseguraba, citando fuentes próximas a las negociaciones, que las entidades españolas nacionalizadas —Bankia, Novagalicia Banco, Banco de Valencia y Catalunyacaixa— ofrecerían canjear las participaciones preferentes por bonos con un valor nominal entre el 50 y 70% inferior pero a un interés suficientemente alto para compensar en un plazo de seis años las pérdidas de los titulares de preferentes.
Sin embargo, el Memorandum de Entendimiento (MoU) firmado por España el pasado 20 de julio, en el que se establecen las condiciones para recibir el préstamo de hasta cien mil millones de euros de Europa para recapitalizar el sistema financiero español señala que los tenedores de productos subordinados o híbridos de capital emitidos por los bancos que reciban ayudas deberán aceptar una quita, al igual que los accionistas, algo que ya advirtió el comisario europeo, Joaquín Almunia, ante de que se firmase el acuerdo. Almunia insistió en que si el Estado quería compensar a los perjudicados lo debería hacer con sus propios recursos.
Según los datos del grupo Economistas frente a la crisis, que cita cifras del Banco de España, en la actualidad hay alrededor de 64.000 millones de de deuda emitida por los bancos que tiene este carácter «y que ha sido principalmente adquirida por minoristas o pequeños ahorradores». Es decir, que la cifra de estos productos, así como los afectados, está muy por encima de lo que se había dicho.
La asociación Adicae, que ya denunció en noviembre del año pasado ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) a 52 entidades, considera que estos productos se han colocado a 700.000 familias españolas, lo que da idea del inversor al que se han dirigido.
El colectivo de economistas frente a la crisis considera que «en los dos últimos años, la banca se ha dedicado a comercializar a través de su red de oficinas productos que, bajo el sobrenombre de ‘productos par el ahorro`, no eran sino productos de elevadísimo riesgo», aprovechándose de «una fuerte asimetría informativa frente al inversor», ya que no tenían la misma capacidad para evaluarlo.
Nueva regulación en 2013
El MoU no solo indica que los compradores de estos productos deberán asumir las pérdidas correspondientes cuando las entidades financieras emisoras reciban inyecciones de dinero de la ayuda de cien mil millones de Bruselas, sino que además obliga al Gobierno a proponer una regulación antes de feberero de 2013, que evite abusos como los de las preferentes, que han provocado «violaciones de las reglas básicas de la protección del consumidor» lo que significa reconocer, implícitamente, la comisión de abusos e irregularidades al comercializarlos.
A pesar de ello, y de que las entidades financieras que reciban la ayuda europea la van a tener que devolver como préstamo que es, la Comisión Europea ha optado por trazar una línea roja de asunción de pérdidas, dejando exclusivamente en manos del Gobierno español y de los juzgados la posible salida para los afectados por las preferentes y productos financieros similares.
