La ministra de Empleo, Fátima Báñez, defendió desde un principio que la reforma laboral aprobada por el Gobierno de
Mariano Rajoy iba a «garantizar más protección, seguridad jurídica» y una reducción de la litigiosidad en los juzgados de lo social. Sin embargo, las últimas cifras han desmontado su argumento y apuntan que desde que entró en vigor el decreto ley, el pasado 12 de febrero, las demandas no paran de incrementarse.
Sólo en el caso de las entradas de causas por despidos en los juzgados de lo social de Valencia se ha pasado de las 497 que tuvieron lugar en el mes de marzo hasta 682 en el de junio, que son los últimos datos registrados, lo que significa un incremento cercano al 30 %. En total, 4.297 denuncias en los primeros seis meses del año, frente a las 3.226 del mismo periodo de 2011.
Un aumento que también ha constatado el Consejo General del Poder Judicial en el resto del territorio español. Sus estimaciones indicaban que la jurisdicción social iba a sufrir un descenso del 1 %?en 2012, pasando de los 437.691 asuntos a 434.415. Sin embargo, las cifras correspondientes al primer trimestre del año, con la nueva reforma laboral ya en vigor, desmentían la tendencia a la baja al mostrar un aumento de las demandas por despido del 10,6 % (33.651 en números absolutos).
El Gobierno, con sus cambios legislativos, intentó de dotar de mayor protección jurídica a los empresarios a la hora de acometer los despidos por causas objetivas, definiendo con mayor precisión los motivos: disminución del nivel de ingresos o ventas ordinarios, durante tres trimestres consecutivos comparados, cada uno, con el mismo trimestre del año anterior, eliminando de esta forma cualquier atisbo de subjetividad.
También, en el tema de los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) se eliminó la necesidad de la autorización administrativa previa,aunque a falta de acuerdo, la decisión llega a la vía judicial. Y gran parte de estos despidos colectivos acaban engordando el volumen de causas en los juzgados de lo social, al no haberse producido un acuerdo previo. Sólo hay que tener en cuenta un dato:?los ERE en los cinco primeros meses del año se incrementaron un 66,7 %, sumando 13.518 que afectaron a 176.085 trabajadores en España.
La tendencia de aumento de la litigiosidad, a pesar de las consideraciones del Gobierno central, ya se venía advirtiendo desde diferentes organizaciones, y no solo sindicales. El presidente del consejo general de Graduados Sociales, Javier Sanmartín, ya señalaba cuando se aprobó la reforma laboral como Real Decreto que la modificación de los elementos esenciales de los contratos podrían provocar un aumento de la litigiosidad.
También el secretario de Salud Laboral de CCOO-PV, Carlos Calero, considera lógico el aumento de demandas en relación con la nueva reforma laboral, sobre todo por «la intención de las empresas de aprovechar los despidos objetivos para deshacerse de los trabajadores de mayor antiguedad, edad y salarios más altos para sustituirlos por empleados más jóvenes, baratos y con menos derechos. Es lógico —dijo— que la mayoría de todas estas situaciones acaben en los juzgados de lo social, para que las empresas tengan que acreditar esos despidos con documentos y evitar intento de una utilización fraudulenta la reforma laboral».
El problema es que el incremento del uso de la vía judicial se produce en un momento complicado, con los juzgados de lo social prácticamente colapsados, tras incrementarse cerca de un 50 %?los asuntos desde el inicio de la crisis —solo en 2012 esperan tramitar 24.714 causas— y con una demora de seis meses de media para la celebración de los juicios por despidos —considerados prioritarios— y de un año y medio para el resto de los asuntos.
Y lo peor aún está por llegar. El juez decano de Valencia, Pedro Viguer, calcula que los 17 magistrados de lo social van a tener que atender en los próximos meses «entre 4.000 y 5.000 demandas de despidos más de empresas públicas» con motivo de los recortes de gasto que está aplicando el Consell en la administración autonómica, por lo que ha reclamado urgentemente el aumento de la plantilla de jueces de lo social a 25 para afrontar el volumen de trabajo.
