El Banco de Valencia acometerá a partir del próximo mes de octubre el cierre de unas 40 sucursales, a las que se podría sumar otras 60 el próximo año, dentro de su nueva estrategia para tratar de garantizar la continuidad de la entidad y convertirla en un banco viable. De hecho, en las próximas horas, los administradores de la entidad, nombrados por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (Frob), tienen previsto presentar un nuevo organigrama que dé forma a la nueva estrategia, que pasará por la recuperación del pulso comercial y de los clientes, la captación de liquidez sacando al mercado nuevos productos, una mayor incidencia en la política de formación de los empleados y en la modernización y optimización de la red comercial.

Precisamente, el próximo cierre de aproximadamente unas 40 oficinas —la entidad tiene actualmente cerca de 430 establecimientos repartidos por diez de las diecisiete comunidades autónomas— afectará sobre todo a las que se encuentran fuera de la Comunitat Valenciana y Murcia e implicará a cerca de doscientos empleados de los más de dos mil con que cuenta el banco, trabajadores que en algunos casos podrían ser recolocados y en otros, optar por la vía de las prejubilaciones, según señalaron fuentes solventes.

A esta primera fase de ajuste de la estructura seguiría otra, a principios de 2013, que probablemente afectará a otras 60 oficinas, aunque todavía no está definido. La pretensión de los administradores del Banco de Valencia es eliminar las oficinas más pequeñas —de dos o tres empleados— que no resultan rentables y concentrar el trabajo en otras de mayor tamaño, que permitan ofrecer más servicios y ganar operatividad en la red comercial. La nueva estrategia, tras las dos fases de reestructuración de oficinas, podría afectar a cerca de cuatrocientos empleados.

Los planes de los administradores del Banco de Valencia para garantizar la viabilidad de la entidad se producen en un momento, delicado, mientras el Gobierno prepara el decreto de reforma financiera —que podría ser aprobado mañana, viernes— en el que se contempla, a petición de Bruselas tras la aprobación del plan de recapitalización de hasta 100.000 millones de euros, la creación de un «banco malo» y se establecen los procesos de liquidación de las entidades no viables.

Estas exigencias, contempladas en el Memorandum de Entendimiento (MoU), pusieron en el ojo del huracán al Banco de Valencia, especialmente tras las declaraciones del comisario de la Competencia europeo, Joaquín Almunia, que sugirió, sin nombrarla, que la entidad con más papeletas para acabar en un proceso de liquidación sería la dirigida actualmente por el administrador del Frob, José Antonio Iturriaga. Unas declaraciones que llevaron al Banco de Valencia a perder alrededor de 600 millones de euros en depósitos.

Ahora, con la nueva estrategia, se pretende devolver al Banco de Valencia a unos números que garanticen, en el plazo de un año, un proyecto atractivo para su venta o subasta. Para ello, los administradores contemplan el traspaso al futuro «banco malo» de entre 5.300 y 5.700 millones en activos inmobiliarios «tóxicos» que incluyen el suelo —al que se ha requerido unas dotaciones del 80 %—, las promociones inmobiliarias en curso —dotado al 65 %— y las viviendas terminadas —que requieren el 35 ‰—. Sin embargo, en función de como quede redactada la reforma financiera, en Banco de Valencia se podría ver obligado a traspasar también otro tipo de activos deteriorados, como los industriales.

El problema es que esta limpieza de los balances tendrá un coste, que será la valoración que se termine haciendo de los activos traspasados, y en función de ella, las cuentas de las entidades podrían volver a resentirse. No obstante, fuentes próximas al Banco de Valencia estiman que una vez cubierto el proceso, podrían salir adelante con una inyección de capital de alrededor de dos mil millones de euros.

Según las últimas cuentas presentadas por la entidad, en el primer semestre registró unas pérdidas de 251 millones de euros, con un porcentaje de activos dudosos en razón de su morosidad del 13,06 %. El patrimonio neto pasó a 1.016 millones tras la inyección de capital del Frob.