La reforma laboral aprobada por el Gobierno de España a principios de 2012 ha acentuado el número de expedientes de regulación de empleo (ERE) en el primer semestre de este año en el tejido empresarial autonómico, si bien la gran mayoría de los patronos valencianos han optado por suspensiones temporales de ocupación o reducciones de jornada en lugar de extinciones de contratos.

Según la conselleria de Educación, Formación y Empleo, el 92,1 % de los ERE registrados en la Comunitat Valenciana no incluyeron rescisiones de contratos durante el primer semestre de 2012 y afectaron a un total de 21.767 trabajadores, cifra inferior a la crisis de 2009 „cuando se alcanzaron las cuotas más altas de expediente de regulación de empleo„ a pesar de las facilidades que otorga la nueva norma laboral. Los empresarios no necesitan autorización administrativa para realizar expedientes por causas económicas.

Ocho de cada diez trabajadores afectados por expedientes hasta junio han podido mantener sus contratos con el paso de tiempo. Durante la aplicación de las medidas los empleados cobran parte de sus salarios del Servicio Público Estatal de Empleo (el antiguo INEM).

Las medidas alternativas al despido, reducción o suspensión de jornadas de trabajo, afectaron a 18.005 trabajadores valencianos entre enero y junio, mientras que los recortes colectivos incluyeron algo más de 3.000 casos. Los ERE aglutinan planes de empleo que afectan a más del 10 % de las plantillas, si bien no incluyen los despidos individuales que realizan las empresas.

Por otro lado, el sindicato CSI·F reclama la cobertura de dos plazas vacantes en las dependencias del Fogasa en Valencia. Este organismo tramita el pago de salarios de firmas insolventes y su carga de trabajo se dispara con la crisis.