La Autoridad Portuaria de Valencia (APV) participó hasta 2012 en al menos ocho fundaciones controladas también por otras instituciones públicas que representaban un desembolso anual de al menos 2,5 millones de euros en sus cuentas de explotación. Estas entidades emplean a medio centenar de trabajdores y en sus órganos de dirección figuran diversos altos cargos de la APV, presidida por Rafael Aznar. La estrategia del puerto, aunque ha reducido el gasto y ha abandonado cuatro entidades, contrasta con la drástica decisión del Consell de extinguir y dejar bajo mínimos su participación en fundaciones.
Fundación Valenciaport es la organización de mayor tamaño participada por la APV, a la que aporta unos 2 millones de euros anuales y tiene como fin la «proyección de los puertos de Valencia, Sagunt y Gandia y su comunidad portuaria mediante actividades de investigación, formación, cooperación al desarrollo, fomento de la economía y culturales». La puesta en marcha de esta entidad «sin ánimo de lucro» y que emplea a unas 30 personas sirvió de casa de acogida para el ex expresidente de la APV Rafael Del Moral hace una década tras su jubilación, una firma que también sirve de plataforma de proyección en tareas docentes para otros directivos del puerto que imparten clases en sus diversos programas de formación y trabajos de investigación. Las clases impartidas se pagaban a razón de unos 280 euros brutos/hora, según fuentes portuariarias.
Recortes
En el patronato de la Fundación Valenciaport también participa Bancaja, IVE, Feria Valencia, Asociación Naviera y la patronal CEV, así como firmas portuarias como Noatum, TCV o Remolcadores Boluda. Tras los últimos recortes presupuestarios, el catedrático de Economía y exdirector general del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) Leandro García decidió abandonar Valenciaport «por razones personales».
La Fundación Feports forma parte del organigrama de la Autoridad Portuaria de Valencia, donde controla un 36,76 % de su capital fundacional, prente al 51 % de la Generalitat y el 6,10 % de la Autoridad Portuaria de Alicante. La presidenta de esta firma es la consellera de Infraestructuras, Isabel Bonig. Esta fundación, que supuso un desembolso de 324.546 euros a la APV, tiene ciertas duplicidades con Valenciaport, ya que tiene como finalidad «impulsar la formación, investigación y desarrollo dentro del sector marítimo portuario».
Otras aventuras sociales de la APV quedaron plasmadas en la sociedad Protección Patrimonio Histórico Industrial de Sagunt, con «fines culturales», así como la Fundación para el Desarrollo del Cono Sur», que pretende fortalecer las realciones de puertos de sudamérica con la UE. Además, poseía una pequeña participación (6,25 %) en una fundación de Medio Ambiente. La APV, además de estas tres últimas, abandonó la Fundación de Estudios Burstátiles. Con todo, permanece en la F. Estudios Avanzados y en la Fundación GEA.
Ex altos cargos en tareas de formación y familiares en el puerto
La Autoridad Portuaria de Valencia controla la Fundación Valenciaport a través de Rafael Aznar (presidente de la entidad y de la APV), Ramón Gómez-Ferrer (director general), Juan Antonio Delgado (director de planificación estratégica y transformación) y Federico Torres (subdirector general de servicios generales). La entidad estuvo gobernada hasta hace poco tiempo por Rafael del Moral, expresidente de la APV, cuyo hijo Rafael del Moral Estellés es apoderado de Noatum Ports Valenciana, así como presidente y consejero de la sociedad de gestión de los estibadores del puerto de Sagunt. Al margen de las fundaciones, empresas también participadas por el puerto de Valencia como VPI Valencia Plataforma Intermodal —la sociedad gestora de la zona de actividades logísticas— han servido de agencia de colocación de cargos del Partido Popular. VPI Logística fichó como directora de desarrollo a Fátima Zayed, que fue asesora del exconseller de Infraestructuras Mario Flores.
Por otro lado, al perder subvenciones de la Generalitat, la APV ha tenido que replantear el futuro de la Marca de Garantía Puerto de Valencia, cuyo patronato estaba formado por una veintena de altos cargos del Consell y patronatos y ha servido como plataforma de colocación de exdirectivos del puerto de Valencia. El problema es que su principal línea de financiación se redujo y la partida de subvenciones, sobre todo del Consell, cayó a 83.000 euros y quedó al mínimo por los escasos ingresos de clientes y usuarios debido a la crisis económica. La APV tuvo que disolver esta sociedad al retirarse la ayudas públicas de la Generalitat. Los gastos de esta entidad corren ahora a cargo de la cuentas de explotación del puerto. j. l. z. valencia
