El presidente y el director general de la Autoridad Portuaria de Valencia (APV), Rafael Aznar y Ramón Gómez-Ferrer, respectivamente, lograron unas retribuciones de 209.000 euros en concepto de «sueldos y salarios» durante el ejercicio de 2012, un 13 % inferior al del año anterior, según constatan las últimas cuentas anuales presentadas por la entidad que gestiona los recintos de Valencia, Sagunt y Gandia. Las retribuciones del personal de alta dirección de la APV, que tan sólo incluye a Aznar y Gómez-Ferrer, superan ampliamente las percibidas por el presidente de la Generalitat „quien designa al máximo responsable de la Autoridad Portuaria„, al situarse en 67.615,92 euros brutos anuales y superan también con creces las de consellers de la administración autonómica valenciana (57.599,76 euros).

En tiempos de austeridad y de recortes en todos los sectores, las nóminas logradas por los principales dirigentes de la APV, examinadas por Puertos del Estado, cuentan con el visto bueno del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas a través de comisión ejecutiva interministerial de retribuciones (Cedir). Respecto al ejercicio de 2010 (240.110,84 euros) los salarios tambien se redujeron un 5 %, el mismo porcentaje aplicado por término medio al conjunto de la plantilla del personal de los puertos valencianos gestionados por la APV (una media de 413 trabajadores en los últimos años).

Entre las administraciones y empresas públicas del Estado, los salarios de los principales dirigentes portuarios son equiparables al del Defensor del Pueblo (115.376 euros) y se sitúan por debajo del presidente del Tribunal Constitucional y del presidente del Tribunal Supremo. Por supuesto, es superior al del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy (78.185 euros), así como al de la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá „a la sazón vocal del consejo de administración de la APV, situado en 93.500 euros. Con todo, Barberá tendría que reducirse el sueldo en 18.000 euros al año si quiere ajustar su salario a las recomendaciones legales que ha hecho el Gobierno para reducir sueldos de los cargos públicos.

La APV, según las cuentas anuales de 2011, «no ha concedido anticipos o préstamos a los miembros del consejo de administración ni a personal de alta dirección, y no se han asumido obligaciones por cuenta de ellos a título de garantía».

Además, recuerda que «no existe obligación alguna en materia de pensiones o seguros de vida respecto a antiguos o actuales administradores o personal de alta dirección». El recorte en las aportaciones al plan de pensiones también afecta al resto de la plantilla.