La Plataforma de Afectados del Banco de Valencia ha presentado una demanda ante un juzgado de lo Mercantil contra el acuerdo del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) que aprobó la operación acordeón para inyectar 4.500 millones de euros a la entidad antes de venderla a CaixaBank. El acuerdo contra el que se ha presentado demanda de impugnación es del pasado 26 de diciembre, cuando el FROB aprobó los balances provisionales de octubre del Banco de Valencia y la reducción y ampliación de capital de la entidad por 4.500 millones de euros, para posteriormente proceder a su venta a CaixaBank por un euro. La Plataforma, según explicó ayer a través de un comunicado, pide la nulidad de los acuerdos alegando que transgreden la directiva europea sobre garantías en las sociedades de capital en los Estados miembros y exige cautelarmente la anotación de la demanda y la comunicación a la Comisión Nacional del Mercado de Valores ante el hecho de estar cotizando.
El incumplimiento de la directiva comunitaria también será denunciado ante la Unión Europea y se dará traslado al Ministerio Fiscal de la denuncia anunciada, en la que los asociados siguen aportando datos relevantes para trasladar a la sección de la Fiscalía de delitos económicos. Según la Plataforma, la declaración de nulidad de los acuerdos impediría la venta del banco a CaixaBank y supondría "la rehabilitación del estatus del banco".
La operación de venta del Banco de Valencia tendrá un coste total de unos 6.000 millones de euros. De esta cantidad, 4.500 corresponden a la mencionada operación acordeón, destinada a enjugar las pérdidas que atesora la entidad financiera. No obstante, la venta también incluye un Esquema de Protección de Activos (EPA) sobre tres cuartas partes de las pérdidas que puedan surgir en el futuro. Por esta causa, el dinero que debería poner el Estado en los próximos diez años rondaría los 500 millones de euros. A estas dos cifras hay que sumar los mil millones que el FROB aportó en junio del año pasado mediante una ampliación de capital por la que se hizo con el 91 % del banco, dejando el resto a Bankia y a los pequeños accionistas del mismo.
