El ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, anunció ayer en el Senado que el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) estudiará esta semana la posible interposición de "siete acciones penales" contra exdirectivos del Banco de Valencia por operaciones inmobiliarias. El FROB abordará las acciones contra los exdirectivos de la entidad valenciana en la próxima reunión de su junta rectora, que previsiblemente se celebrará este jueves. A finales del año pasado, este diario ya adelantó que el FROB estaba preparando presentar las citadas acciones penales.

En respuesta a una pregunta formulada por el senador socialista valenciano Joan Lerma, De Guindos señaló que Banco de Valencia es "el resumen de todas las cosas mal hechas en el sistema bancario español" y defendió la venta de la entidad a CaixaBanK como "la solución menos mala" para las arcas públicas. El 27 de diciembre pasado el FROB acordó inyectar en la entidad valenciana 4.500 millones de euros y traspasarlo a CaixaBank por el precio simbólico de un euro, después de los mil millones que aportó en la ampliación de capital del pasado junio y junto a un Esquema de Protección de Activos (EPA) por diez años que podría tener un coste adicional para los contribuyentes de otros 500 millones, lo que eleva la factura final de la operación para los ciudadanos a más de 6.000 millones.

Guindos aseguró que la liquidación habría sido "muchísimo peor" que su venta a la entidad que preside Isidro Fainé, ya que el Banco de Valencia registraba pérdida de depósitos, tenía un patrimonio negativo y una situación comprometida de liquidez. Además, recordó el titular de Economía, el 28 de noviembre de 2012 perdió su carácter de contrapartida con el Banco Central Europeo (BCE) desde el punto de vista de la política monetaria, lo que implica que las inyecciones de liquidez sólo pueden llegar desde el Banco de España y, por tanto, supondría un coste para el Estado.

En paralelo, el Banco de España decidió en diciembre de 2012 abrir un expediente sancionador al Banco de Valencia por las irregularidades en la gestión por parte de los directivos que había antes de la nacionalización del banco, dijo el ministro. Dentro de este procedimiento, el Banco de España comunicó mediante el BOE del pasado sábado la incoación del expediente sancionador contra dos antiguos gestores de la entidad valenciana ante la imposibilidad de notificarlo en los domicilios que figuran en el expediente.

Se trata del exconsejero de Banco de Valencia Federico Michavila Heras, propietario de la azulejera castellonense Torrecid, y del ex director general del banco, Bartolomé Díaz López, como ya adelantó Levante-EMV. Normalmente, los expedientes sancionadores concluyen con la imposición de sanciones leves o graves y, en último extremo, con sanciones muy graves, en cuyo caso el encargado sería el Ministerio de Economía.

El expediente de la entidad presidida por Luis María Linde se encuentra en la Audiencia Nacional, donde hay un procedimiento abierto contra la entidad que estudian el juez Santiago Pedraz y la Fiscalía Anticorrupción. Pedraz instruye esta causa desde el pasado mes de junio, cuando el FROB denunció a los exresponsables de la entidad por estafa, apropiación indebida y administración desleal. Adicionalmente, un grupo de pequeños accionistas presentó una querella contra 27 exdirectivos del banco en el juzgado de instrucción número 3 de Valencia, que se inhibió a favor de la Audiencia Nacional, aunque Pedraz desistió de hacerse cargo y remitió el caso de nuevo a Valencia a la espera de que se sustancien los recursos presentados contra la decisión de remitir el caso a Madrid.

El expediente del Banco de España, que podría quedar suspendido a la espera de que concluya el proceso en la Audiencia Nacional, fue abierto contra los antiguos responsables de Banco de Valencia, incluido el consejo de administración en pleno, entonces presidido por el también presidente de Bancaja, José Luis Olivas.

Detrás de esta decisión están las irregularidades detectadas en la gestión de la entidad, durante muchos años considerada la "joya de la corona" de Bancaja, y que provocaron que tuviera que ser intervenida en noviembre de 2011 y saneada, con una inyección de dinero por parte del FROB.

La gestora de Bancaja se constituye con Mas Millet

La comisión gestora de la futura Fundación Bancaja se constituyó ayer formalmente con el propósito de apurar lo antes posible los trámites que le han sido encargados: aprobar definitivamente los estatutos y nombrar a una parte de los integrantes del patronato de la nueva entidad. Además de nombrar presidente de la gestora al último responsable de la caja, José María Mas Millet, los vocales recibieron los estatutos ya diseñados antes de la disolución de Bancaja el 27 de noviembre de 2012. En el plazo de siete o diez días, según las fuentes consultadas, deberán plantear las enmiendas que consideren necesarias.

Una de las cuestiones más espinosas de la nueva entidad -el futuro de la Fundación Caja Castelló- no se planteó en la reunión de ayer, debido a que los representantes de la misma en la gestora plantearon que no abordarán su futuro hasta que esté consituido el nuevo patronato.

Esta fundación mantuvo su independencia de la obra social de Bancaja cuando las cajas de ahorros de Castelló y Valencia se unieron, pero anualmente recibía de la entidad de ahorros un dinero para su funcionamiento. La Fundación Caja Castelló llegó a un acuerdo para separarse de Bancaja a cambio de 20 millones de la tesorería que le quedó a la entidad de ahorros. Pero la disolución anticipada de la caja impidió que se consumara la operación.

Ahora, la Generalitat pretende que haya una sola fundación y que Castelló quede vinculada a la nueva entidad de alguna forma. La fusión es difícil, por no decir imposible, y la entidad castellonense se ha expresado de nuevo en su voluntad de ir por su cuenta pese a los deseos del Consell. Así que las negociaciones parece que van en la línea de mantener la independencia de la norteña bajo el paraguas financiero de la nueva fundación. Se trataría de no romper la hucha común. Una situación que podría repetirse con la de Segorbe, que pide garantías sobre la aportación que hizo en su día. jordi cuenca valencia

como presidente