El Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria se ha querellado contra un total de 25 personas por su presunta participación en operaciones ligadas al Banco de Valencia en la etapa en la que fue consejero delegado Domingo Parra. El juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, ha dado traslado a la Fiscalía de siete pieza separadas de la denuncia inicial presentada en junio contra Parra, su mujer, su sucesor Aurelio Izquierdo y la familia Calabuig por la venta de acciones de Aguas de Valencia y actuaciones de la sociedad Costa Bellver. El ministerio público debe ahora responder si encuentra indicios suficientes para que sean admitidas a trámite.

En la batería de acciones judiciales, el FROB se querella contra casi toda la familia Soler, aunque en tres piezas distintas. La primera de ellas, que ha denominado «Grupo Soler», solicita la imputación del patriarca de la familia Bautista Soler y de su socio en el asalto frustrado a Metrovacesa, Joaquín Rivero. En esta causa, el fondo también se querella contra Rafael Ruiz Ruiz-Jarabo, un empresario que constituyó una sociedad que obtuvo un préstamo millonario del banco valenciano para comprar acciones de la inmobiliaria francesa Gecina garantizado con unos pagarés que, presuntamente, no pudieron ejecutarse.

El hijo de Soler, Juan Bautista, expresidente del Valencia CF, figura en otra pieza denominada Salvador Vila SL, Urbanas de Levante y Faverch Desarrollos , en la que también se denuncia al promotor Salvador Vila, al notario valenciano Carlos Pascual, al empresario Fernando Polanco y a Teresa Villalba. La sociedades que dan nombre a la pieza figuran como responsables civiles. Todo indica que esta pieza está referida a la operación urbanística de la sociedad participada por el banco Nou Litoral, que intentó desarrollar la urbanización de la Reva en Riba-roja. También han sido denunciados en esta acción Parra y el director de participadas inmobiliarias del Banco de Valencia, Alfonso Monferrer.

También puede estar ligada a esta operación otra pieza separada denominada «Kalité Desarrollo, Ensanche Urbano, Planea Gestión de Suelo y Promofein», en la que figuran como querellados, además de Parra y Monferrer, la hija de Bautista Soler, María Victoria, su marido Vicente Fons, y Aurelio Izquierdo.

El expresidente del banco y de Bancaja, José Luis Olivas, aparece querellado en una pieza que incluye también al empresario ilicitano, Ramón Salvador Águeda, propietario de la mercantil Residencial Mira Llevant. Salvador está implicado también el caso Brugal, que investiga posible trato de favor al promotor Enrique Ortiz. En la querella de Olivas están también denunciados Parra, Monferrer, Izquierdo y el que era responsable de Bancaja Habitat, José Cortina Orrios. El FROB cifra en 300 millones el volumen de las operaciones ligadas a Ramón Salvador.

Otra acción jurídica que salpica a empresarios valencianos es la denominada «Iberfin Capital, Pagoliva, Mapose y Edioliva Promociones». La querella va contra Dimas de Andrés y Francisco de Andrés Sales. Esta familia es la que compró al Grupo Ballester el local de la esquina del Paseo de Gracia y Plaza Cataluña de Barcelona que alberga la tienda Apple. En la denuncia a esta familia también se pide la imputación de Parra, su hijo y de su mujer, además de la de Salvador Pons e Isabel Pons.

Las otras dos acciones judiciales, hasta un total de siete, tienen como protagonistas al Banco de Valencia y a empresarios de fuera de la Comunitat Valenciana. La primera de ellas salpica al dueño de la conocida discoteca madrileña Gabana, Tito José Pajares San Román, y a un familiar suyo José San Román Hurtado. También está denunciado Domingo Parra.

Por último, el juez ha remitido otra pieza separada que hace responsables civiles a las sociedades Intrademallorca 2005, Magainver, Calviá Parc y Tito´s. Los querellados son Parra, Monferrer y el empresario mallorquín Bartolomé Cursach.

Finalmente el FROB no se ha querellado contra el fundador de Polaris World, Facundo Armero, pese a que el Banco de España señaló en un informe remitido a la Audiencia Nacional como operación irregular la venta del 10 % de Polaris que hizo al Banco de Valencia y los créditos obtenidos para desarrollar un proyecto ahora paralizado por la crisis económica e inmobiliaria.