La sociedad matriz del promotor y expresidente del Valencia CF, Juan Soler, no ha podido aguantar más la parálisis del mercado inmobiliario. El titular del juzgado de lo mercantil número dos de Valencia, Jacinto Talens, decretó la semana pasada el concurso voluntario de Urbanas de Levante, mercantil que acumula un pasivo de casi 200 millones de euros y que aglutina gran parte de los activos inmobiliarios del empresarios.
Las razones de la quiebra están en la imposibilidad de Soler de afrontar los vencimientos de deuda después de que en 2010, acogiéndose al preconcurso, sortease una primera insolvencia renegociando deuda y aportando activos a la banca en dación de pago. No obstante, el auditor Tecea Auditores, emitió ese ejercicio un informe con salvedades en el que advertía sobre la capacidad de la empresa para continuar su actividad con normalidad si no era capaz de cobrar los más de 70 millones que le adeudaba otro expresidente valencianista, Vicente Soriano.
En 2008, Soler vendió a Soriano su participación en el Valencia, algo más del 37 %, y recibió varios pagarés a cambio que nunca logró ejecutar porque Soriano confiaba en vender los títulos con plusvalía a la firma uruguaya Dalport, que se demostró incapaz de afrontar tal compromiso y abocó al club a una importante crisis. La ampliación de capital tutelada por la Generalitat para evitar que Dalport se hiciera con el control del club remató la operación, al diluir el poder de las acciones de Soler y, por tanto su valor en el mercado. La ampliación dio el control a la Fundación del Valencia, que ahora no puede devolver a Bankia el préstamo recibido para suscribir las nuevas acciones.
Al no ejecutarse la venta a Dalport, Soriano no pudo afrontar el pago a Soler, que le reclamó por vía judicial más de 70 millones. Los juzgados le dieron la razón y ordenaron el embargo de bienes de Soriano, pero estos eran insuficientes para afrontar la deuda.
El impago de ese dinero, que debía dotar de liquidez a Urbanas de Levante, es una de las razones que explican el concurso de acreedores de la sociedad, pero también el elevado endeudamiento que todavía arrastraba y el bloqueo en el mercado inmobiliario. De hecho, la empresa está casi inactiva y su plantilla ha quedado reducida a tres o cuatro empleados. Todos sus bienes están hipotecados y apenas tiene 3.000 euros en caja, del todo inservibles para afrontar un pasivo cercano a los 200 millones de euros si se cuentan también avales en favor de terceros.
El juez mantiene, de momento, las facultades de gestión y administración de Soler y ha designado administrador concursal al despacho Magdaleno, Ramos y Asociados.
Querellado por el FROB
Los problemas de Juan Soler pueden verse agravados si el juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, admite a trámite la querella presentada por el FROB en nombre del Banco de Valencia contra exdirectivos del banco, el propio Soler y otros empresarios por las operaciones financieras de la sociedad Nou Litoral, que adquirió amplias bolsas de suelo en las parcelas de la Reva. El desarrollo urbanístico de este proyectos está paralizado. Actualmente en estudio por la Fiscalía, la demanda del FROB reclama fuertes indemnizaciones económicas a los querellados. Urbanas de Levante es una de la sociedades que el fondo estatal ha incluido como responsable civil en su querella.
