El cese de actividad de Citrutecno, empresa en concurso de acreedores y sin actividad productiva desde el pasado mes de enero, ha dejado en el aire la gestión de unas 150.000 toneladas (t) de residuos de la industria citrícola destinada a la elaboración de zumos y gajos de mandarina en conserva durante la temporada 2012/2013. La fábrica de Silla en suspensión de pagos y dedicada a la elaboración de piensos para el ganado y bioetanol ha sido una pieza clave para evitar problemas medioambientales generados por los residuos naranjeros durante los últimos años.

Pendiente de resolver sus problemas financieros, Citrutecno afronta ahora un futuro incierto ante la falta de carga de trabajo por problemas en el suministro de materias y estudia la posibilidad de mantener su actividad con el tratamiento de residuos de otros cultivos agrarios. La fábrica valenciana puesta en marcha por Picima Inversiones (empresarios vinculados con el sector ganadero) requirió una inversión de 20 millones de euros y la Generalitat se comprometió a aportar tres millones, si bien todavía adeuda la mitad de esas ayudas.

El proyecto estrella del Consell -impulsado para evitar problemas de contaminación medioambiental y cumplir la legislación de la UE- era el complemento ideal para la industria de zumos y gajos, que cuenta en Valencia con grandes fábricas como Zuvamesa (Parc Sagunt), Dafsa (proveedor de Mercadona o Agriconsa (Agemesí).

Expectativas de negocio

Con todo, la expectativas de negocio no es han cumplido, ya que Citrotecno preveía producir 19.000 toneladas de piensos, 375.000 litros de aceites esenciales, 5,2 millones de litros de bioetanol -útil para la elaboración de biodiésel, cuyo uso impulsa la Unión Europea-, así como 68.000 metros cúbicos de agua para riegos y purificada durante cada campaña naranjera.

Según fuentes del sector citrícola , estas instalaciones, pioneras en el mundo, eran esenciales para recoger residuos provenientes tanto de empresas productoras de zumo de naranja como de las propias explotaciones naranjeras de la Comunitat Valenciana y Murcia. De este modo se controlaba la trazabilidad de los residuos.