La Plataforma de afectados del Banco de Valencia ha presentado una denuncia ante la Fiscalía de Valencia contra el exadministrador provisional del banco, José Antonio Iturriaga, por delitos societarios, malversación de fondos, falsedad documental, corrupción entre particulares y prevaricación.

En la denuncia, ésta también reclama la toma de declaración al presidente de CaixaBank, Isidro Fainé, grupo que adquirió Banco de Valencia por un euro y en el que quedará integrado de forma definitiva el próximo julio.

La denuncia, fechada el día 13, se produce tras la junta de accionistas del Banco de Valencia en la que quedó certificada la víspera la desaparición de esta entidad centenaria, de la que solo se mantendrá el nombre en su territorio natural.

Los accionistas argumentan en su denuncia que la venta del Banco de Valencia se hizo "con rapidez" y "prescindiendo del procedimiento legal establecido y favorecido por las actuaciones que (José Antonio) Iturriaga ha efectuado dentro del propio banco y desde su órgano de administración, tendentes a la descapitalización de la entidad". Se actuó, además, "operando en perjuicio de socios y accionistas y de la propia entidad", según sostienen.

Al margen del proceso de adquisición por parte de CaixaBank, resultan también para los afectados "públicas y notorias las graves incongruencias en la actuación de recapitalización del banco mediante la línea instrumentada por el FROB, dirigida por Iturriaga".

Aseveran que Iturriaga dirigió una capitalización del banco por parte del Fondo del Estado "con cargo a préstamos a la CEE de los que únicamente responde el Estado español y, por tanto, todos los ciudadanos del país con nuestros impuestos, funcionarios con sus nóminas y jubilados con sus pensiones, por un total de 6.462 millones de euros para vender luego el banco capitalizado con un valor de activos de 21.805 millones de euros a CaixaBank por un euro".

Califican la maniobra como "el expolio más audaz y desvergonzado que se ha efectuado en toda la historia de nuestro país", y añaden que su "magnitud y desproporción atenta contra la lógica y evidentemente exige que sea investigado por la justicia", para lo que aportan a Fiscalía "evidentes pruebas y argumentos" de los delitos denunciados.