Casi el 80 % de los economistas valencianos considera que la economía valenciana y la española están «peor» que hace un año y creen que empiezan a «tocar fondo», pero no ven a corto plazo una mejoría, según la encuesta semestral que ayer presentaron los presidentes de los tres colegios provinciales y en la que han participado 923 profesionales colegiados en la Comunitat Valenciana.

Los economistas valencianos suspenden tanto a la economía valenciana, con un 2,65 (sobre diez), como a la española, con un 3,42, unas notas más altas que las de la anterior edición de la encuesta, en diciembre de 2012, con un 2,54 y un 3,32, respectivamente. El 79,63 % de los colegiados opina que la situación económica valenciana y española es peor que hace un año, doce puntos menos que en diciembre, frente al 17,44 % que cree que seguirá igual (diez puntos más que hace seis meses) y un 2,49 % que piensa que será mejor.

Para el decano del Colegio de Economistas de Valencia, Juan Manuel Pérez Mira, se trata de unas notas «bajas», aunque reflejan una «leve mejoría» y la opinión de que la situación económica será «un poco menos complicada».

El 84,18 % de los encuestados ve el paro como el principal problema que afectan a la economía de la Comunitat, de modo que sigue encabezando la lista de problemas económicos, como ha ocurrido desde la primera edición de esta encuesta (junio de 2009). La evolución de la demanda, que preocupa al 72,91 % de los economistas, la inadecuada dimensión y estructura de las empresas valencianas (al 42,25 %) y los costes laborales (al 25,68 %) son los siguientes problemas en la lista.

También se preguntaba a los economistas valencianos sobre las medidas más adecuadas para hacer frente al déficit público. En resumen, los presidentes de los Colegios de Economistas de la Comunitat Valenciana urgieron a «reducir el peso» de las administraciones públicas, con medidas como la eliminación de «duplicidades», el «fomento de la productividad interna del sector público» y la «introducción de técnicas de gestión y management que permitan conseguir una mayor racionalización y eficiencia». El representante de Alicante, Francisco Menargues, apuntó que «el número de trabajadores que se ha reducido en el sector público en estos años de crisis oscila sobre 7.000 personas» mientras que la «reconversión» en el privado «ha sido mucho más importante». «No estoy diciendo que haya que despedir a funcionarios, pero a lo mejor sí es necesario hacer algún tipo de reconversión», agregó.