El Gobierno golpea dos veces al sector cerámico de Castelló y tras aprobar una nueva tasa del gas ahora suprime las bonificaciones fiscales previstas en la cogeneración, una medida que obligará a las empresas atomizadoras transformadoras de la arcilla en el producto que posteriormente fabrican las azulejeras a asumir este sobrecoste cifrado en 3 millones. Esto supone un aumento de los costes de la industria cerámica y amenaza con frenar la recuperación del principal tejido productivo de la provincia.
La Asociación Española de Fabricantes de Azulejos y Pavimentos Cerámicos (Ascer) dio ayer la voz de alarma y denunció que esta reforma energética, que fue aprobada por el Consejo de Ministros del pasado viernes, pone en riesgo la viabilidad futura de la actividad del sector «por los cambios normativos en la retribución de la cogeneración».
La patronal afirmó que el sector «tendrá que hacer frente a un incremento muy importante de los costes, debido a un aumento de los peajes y a la supresión de las actuales bonificaciones a las instalaciones de régimen especial, en el que está incluida la cogeneración, como son la del complemento por eficiencia y por la energía reactiva». «El nuevo régimen retributivo afectará sobre todo a la actividad de cogeneración, que ya fue recientemente castigada por la imposición de una tasa sobre el gas, reduciendo su rentabilidad y haciéndola inviable», añadieron las mismas fuentes, que apuntaron que no es posible trasladar a los precios el sobrecoste al que tiene que hacer frente la industria, «pues cerca del 80% de las ventas del sector provienen del exterior y un supuesto incremento mermaría la capacidad competitiva de la industria».
La tasa del gas introducida en 2012 ha supuesto un gasto extra en el azulejo de 14 millones. La presión de la patronal rebajó este gravamen y mitigó los daños, pero la reforma energética pone en jaque de nuevo al sector, que ha conseguido contener la caída de su producción y del empleo gracias a las exportaciones. «Ya pagamos la luz más cara de Europa, si no nos dejan producir nos tendremos que ir fuera», lamentó el vicepresidente de Ascer, José Castellano, quien consideró que esta medida responde únicamente a un interés recaudatorio del Gobierno.
Ascer emprenderá una nueva campaña de presión a fin de reducir las pretensiones fiscales del Gobierno.
Por su parte, el secretario general del PSPV de la provincia de Castelló, Francesc Colomer, exigió ayer al presidente de la Generalitat Valenciana, Alberto Fabra, que salde la deuda de 4 millones de euros que mantiene con el Instituto de Tecnología Cerámica (ITC).
