La Autoridad Portuaria de Valencia (APV) llegó a pagar la elevada cantidad de 2,5 millones de euros a la consultora AT Kearney -una multinacional británica de servicios a empresas con sede en Madrid- por la elaboración de los dos últimos planes estratégicos de la entidad que gestiona los recintos de Valencia, Sagunt y Gandia. La externalización de este servicio, una de las adjudicaciones y gastos que podría examinar la Fiscalía tras la denuncia contra tres directivos (incluido el presidente del puerto, Rafael Aznar así como un técnico de la APV), se adjudicó a la misma compañía, la primera para la elaboración del plan estratégico entre los años 2002-2015 (por 600.000 euros) y la segunda para el programa de futuro hasta el año 2020, un informe por el que la Autoridad Portuaria desembolsó 1,9 millones de euros.
La contratación de la firma consultora y de servicios empresariales, en manos de AT Kearney Holdings Limited y presidida por Eugenio Prieto, llama la atención por su elevado coste y porque conllevó triplicar los gastos de la APV en este servicios. La entidad que preside Aznar volvió a llamar a la puerta de AT Kearney en junio de 2009 "ante la consecución de los objetivos marcados en el plan anterior y el cambio de ciclo económico". La crisis ha frenado el comercio internacional marítimo, lo que ha llevado a esta consultora a revisar el plan de expansión de los puertos de la APV, que en la práctica supone la ralentización de la macroampliación norte de Valencia y la paralización -al menos hasta el momento- de la de Sagunt.
El pago de 2,5 millones de euros a una firma externa para elaborar los planes estratégicos y de expansión de la APV contrasta con los programas más austeros trazados desde otras Autoridades Portuarias en España, que han planificado su futuro contratando informes muchos más baratos -el de Algeciras por algo más de trecientos mil euros- o bien elaborándolos a través de sus departamentos internos. El responsable del área comercial, estratégica y de desarrollo corporativo de la Autoridad Portuaria de Valencia, Juan Antonio Delgado, es uno de los denunciados por la Fiscalía ante el juzgado de Instrucción número 14 de Valencia. En esta área también ha sido denunciado el director de gestión de Infraestructuras, Ignacio Luis Pascual.
Una firma en "números rojos"
AT Kearney, que la APV seleccionó por su experiencia internacional en puertos y aprobó su consejo de administración, tan sólo cuenta con una cifra de negocio de 20,1 millones de euros, con lo que el puerto de Valencia es uno de sus principales clientes. Además, en el ejercicio de 2011 registró unas pérdidas de 549.733 euros. Esta empresa examinó la situación de los puertos de Valencia. Sagunt y Gandia durante 18 meses antes de presentar el informe.
Una de las conclusiones del informe de AT Kearney es que la APV podría crecer un 47 % en tráfico de contenedores hasta el año 2020, para llegar a un volumen de 6,2 millones TEU (contenedores de veinte pies), pero sobre todo quiere mejorar la eficiencia y la calidad de los servicios para atraer tráficos en el nuevo entorno de crisis económica. Esta mutinacional, con negocios en Europa, África y Asia, también ha logrado contratos con otros entes púbicos, como Aena. La sociedad gestora de los aeoropuertos pagó 1,9 millones por el contrato de consultoría estratégica para el desarrollo e implantación del nuevo modelo de gestión aeroportuario, que supuso la primera privatización del 49% de Aena.
