La Ciudad de las Artes y las Ciencias seguirá representando un importante gasto para las arcas de la Generalitat pese a la futura privatización de su gestión. El cambio de modelo de explotación y la entrada de un operador privado no eximirá a la Administración autonómica de tener que afrontar una deuda acumulada de más de casi 800 millones de euros entre compromisos a corto y a largo plazo.

El cuadro de vencimientos de pasivos financieros a largo plazo incluido en los informes de la Cuenta General de la Generalitat publicado anteayer por la Conselleria de Hacienda recoge pagos anuales de 68,9 millones en 2014, 34,8 millones en 2015, 42,6 millones en 2016, 45 millones en 2017 y 47,2 millones en 2018, a los que hay que sumar 153,3 millones en los siguientes ejercicios. Todo indica que los cánones que el operador privada pagará a la sociedad pública a cambio de la cesión de la gestión apenas cubrirán los actuales gastos de explotación y serán insuficientes para afrontar los vencimientos de deuda de la mercantil, por lo que la Generalitat se verá obligada a segur inyectando fondos en el capital que sirvan para tapar.

El Consell excluyó a Cacsa del paquete de empresas públicas de las que asumió directamente su endeudamiento, ya que el complejo de ocio cuenta con un porcentaje de ingresos propio superior al 50 % y por tanto su pasivo exigible no computa en términos de contabilidad nacional. No obstante, la condición de avalista obliga a la Generalitat a dotar a Cacsa de recursos suficientes para afrontar el pago de su deuda. El vencimiento más bajo que reflejan los cuadros de amortización es uno de 34,8 millones en 2015.

El conseller de Economía, Máximo Buch, aseguró ayer que los cánones que pagará el futuro operador privado servirán para «cubrir los gastos». «El objetivo de la externalización es incrementar el número de visitantes y optimizar su rentabilidad económica, manifestó en la rueda de prensa posterior al pleno del Consell. Buch explicó que el pliego de condiciones del concurso se hará público en las próximas semanas para que el gestor esté dentro de Cacsa en el verano de 2014. El contrato será por 15 años. Pese a la complejidad del contrato y las dudas sobre la viabilidad económica (comprende la explotación, pero también el mantenimiento, personal, etc) Buch confió ayer en que haya concurrencia de ofertas. «Hay muy pocos operadores que puedan gestionar este tipo de instalaciones y esperamos que se presenten UTEs o alianzas», dijo.

El equipo de Gobierno de Alberto Fabra quiere que las iniciativas que ponga en marcha el gestor sean capaces de aumentar el número de visitantes un 20 % en 2016 y un 40 % en 2019. Por ello valorará las ofertas económicas, pero fundamentalmente las propuestas de contenidos.