El Consejo de Ministros dio ayer luz verde al proyecto de Ley General de Telecomunicaciones, que repercutirá en un incremento de la velocidad de Internet y una reducción de los precios, al tiempo que simplifica el despliegue de redes y adapta la legislación a los avances que ha vivido el sector.
La normativa, que actualiza la vigente desde 2003, recupera la unidad de mercado, marca las bases para la inversión en redes ultrarrápidas y móviles y favorece el desarrollo futuro de la economía digital, considerado por el Gobierno como uno de los pilares económicos con más potencial de crecimiento en España.
El proyecto de ley busca, por tanto, resolver todas aquellas cuestiones que penalizaban la competitividad de los operadores de telecomunicaciones.
Según señaló el ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, se trata de una ley «muy necesaria» teniendo en cuenta la evolución que ha experimentado el mundo de las telecomunicaciones en los últimos diez años y de vital importancia para un sector clave en la generación de actividad económica, inversiones y empleo.
El anteproyecto de Ley General de Telecomunicaciones (LGT), con la que el Gobierno quiere mejorar la competencia en el sector y atraer unas inversiones de hasta 25.000 millones de euros, reducirá el número de las sanciones muy graves a los participantes en el sector, pero a la vez elevará su cuantía ostensiblemente, desde 2 millones de euros hasta 20 millones, indicaron en fuentes del Ministerio de Industria.
Menos controles previos
En línea con el espíritu liberalizador de la norma, habrá menos control «ex ante» del Estado, hasta el punto de que las licencias de instalación de equipos se sustituirán por declaraciones responsables, pero se elevará el control «ex post», a través de sanciones que podrán ser impuestas tanto por la nueva Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), como por Industria.
Como ejemplo de tipología muy grave, Industria cita el caso de un operador «ilegal» de FM que dañe el servicio aeronáutico, mientras que como sanción grave, donde la multa pasa de 0,5 a 2 millones de euros, alude a un caso similar, pero de daños menores.
