El Banco de España constató en 2010 que Bancaja no podría pagar su deuda de 2012

En aquel año, la entidad estaba ya integrada en Bankia, que en julio de 2011 salió a Bolsa La caja tenía enormes vencimientos de financiación mayorista que utilizó para expandirse El supervisor señala el origen de los problemas en la llegada de Olivas

01.10.2013 | 09:08

Bancaja padecía a finales de 2010, cuando ya se había integrado en el Banco Financiero y de Ahorros junto a Caja Madrid y otras cinco entidades, una muy delicada situación, casi insostenible para continuar por su cuenta. Su presidente, José Luis Olivas, afirmaba a mediados de ese 2010 que la entidad podía seguir en solitario, aunque este año admitió que la unión con Caja Madrid había sido forzada por el gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez. Este último tenía poderosas razones para "aconsejar" esa agrupación: la inspección que la entidad realizó en septiembre de 2009 y que actualizó en abril de 2010 ponía de relieve una gestión muy arriesgada, hasta el punto de que los inspectores concluyeron en un informe con fecha de 13 de diciembre de 2010 dirigido al director general de Supervisión "que Bancaja no será capaz de hacer frente a los vencimientos de financiación mayorista de 2012".
El dato es relevante, sobre todo si tenemos en cuenta que ese informe está incorporado a la causa que instruye en la Audiencia Nacional el juez Fernando Andreu tras la querella presentada por UPyD contra la cúpula de Bankia por presuntas estafa, apropiación indebida, falsificación de cuentas, intervención fraudulenta y desleal y maquinación para alterar el precio de las cosas, en especial por la ruinosa salida a Bolsa de la entidad en julio de 2011. El juez debe determinar si hubo engaño a los inversores que apostaron su dinero en aquella operación sobre la situación real de la misma, que un año más tarde tuvo que ser intervenida por el Estado y cuyo rescate superó los 20.000 millones de euros. Así, lo que pone en evidencia el informe de los inspectores es que siete meses antes de la salida a Bolsa de Bankia, una de sus fundadoras, que tenía el 37 % de su capital, no disponía de liquidez suficiente para devolver en 2012 el dinero que había pedido prestado a los inversores mayoristas.
Así, el Banco de España destacaba uno de los dos principales problemas que acarreaba Bancaja y cuyo origen situó en "la expansión de actividad realizada en los años 2004 a 2007 con crecimientos medios superiores al 30 %". El dedo acusador se dirigía a José Luis Olivas, quien, seis meses después de dejar la presidencia de la Generalitat, consiguió ser nombrado presidente de Bancaja. Era enero de 2004. A los pocos meses, presentó un plan de expansión a tres años, es decir, hasta 2007, con el que pretendía convertir a la caja en una entidad grande de ámbito nacional que compitiera con las mayores del sector.
Aunque luego se demostró que era una inmensa burbuja, lo cierto es que la caja creció considerablemente en esos años. ¿Cómo lo hizo? Recurriendo a los mercados mayoristas para que le prestaran el dinero que no le aportaban sus depositantes y que luego prestaba a promotores inmobiliarios y constructores para ganar negocio. Pero llegó la crisis, los mercados se cerraron y ya no era posible obtener más financiación con la que cubrir la que vencía. Mientras se secaba la liquidez, los clientes empezaban también a dejar de pagar. "En los ejercicios 2008 y 2009 -dice el informe- la morosidad ha irrumpido con fuerza, aunque el pase a fallidos, los activos adjudicados y las reclasificaciones a normal de activos dudosos, a través de procesos de refinanciación, evitan que se refleje en su totalidad en el balance", es decir la práctica de ocultamiento de la morosidad que luego explicó en parte la aparición de pérdidas astronómicas en tantas entidades intervenidas. Así, en marzo de 2010, las daciones de activos inmobiliarios en pago de deudas subían a 3.395 millones y las refinanciaciones de operaciones morosas, a 516. El informe, que pese a todo concluye que la caja era solvente, recuerda que, a resultas de las actuaciones de los inspectores, se puso de manifiesto la necesidad de reclasificar a dudosos 1.149 millones y a subestándar, que también requerían de dotaciones contra resultados o capital, otros 3.664 millones, con unas provisiones de 694 millones.

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