Muñiz Bernuy, el bufete madrileño de abogados con el que colabora un socio del exdirector general del Banco de Valencia, José Antonio Iturriaga, ejerció de intermediario para intentar que la entidad aprobase al promotor ilicitano Ramón Salvador una dación de activos en pago de parte de sus deuda y un crédito destinado a inyectarle liquidez de entre ocho y diez millones de euros.

Según fuentes de toda solvencia, el titular del despacho, Manuel Muñiz, mantuvo entre marzo y mayo de 2012 contactos cruzados con Salvador y con el entonces administrador provisional del banco Ferran Viladomat (Iturriaga se incorporó en abril) para tratar de propiciar un acuerdo ante los problemas de solvencia que presentaba el grupo del primero Residencial Mira Llevant. La idea inicial de Ramón Salvador era firma una dación en pago y obtener además un préstamo o crédito destinado a liquidez. Un planteamiento que no parecía gustar a los nuevos responsables de la entidad.

Las fuentes consultadas señalan que la labor de Muñiz consistió en acercar posiciones y tratar de arrancar a la entidad las principales pretensiones del promotor. Las tensiones se rebajaron en el mes de marzo. Sin embargo, en el mes de mayo, Ramón Salvador mantuvo varias reuniones con el responsable de promociones inmobiliarias y suelo Felipe Monzó en las que mostró su disposición a renunciar a cantidad alguna y circunscribir el acuerdo a una dación en pago a cambio de cancelar deuda.

Este cambio de planteamiento enervó a Muñiz, que presionó a Salvador para que exigiese del banco créditos de liquidez de entre ocho y diez millones de euros.

Ramón Salvador, ya con Iturriaga como director general del Banco de Valencia, fue uno de los promotores inmobiliarios contra los que el FROB presentó en febrero de este año querellas en la Audiencia Nacional por sus acuerdos económicos con el anterior equipo directivo del Banco de Valencia, con Domingo Parra a la cabeza. Las querellas han sido admitidas a trámite por el juez Santiago Pedraz.

Tal como publicó Levante-EMV en marzo, el bufete de Muñiz ofreció a empresarios querellados negociar daciones en pago a cambio de comisiones que oscilaban entre el 1,5 % y el 2 % de la operación. Con estos honorarios, la consecución de un préstamo de 10 millones de euros hubiera supuesto para el despacho unos ingresos de hasta 200.000 euros.

Este diario contactó el viernes con Manuel Muñiz para conocer su versión sobre la relación que mantuvo con Ramón Salvador durante el proceso de negociación. Muñiz aseguró: "Yo con este señor no he negociado nada. No he hecho la dación en pago con Ramón Salvador ni la he negociado, ni mucho menos con Ferran Viladomat". No obstante manifestó que regenta un despacho grande con quince abogados. "Si aparece alguien en un despacho de quince abogados que tiene un cliente que de forma colateral ha hecho algo con el Banco de Valencia no le voy a impedir que lleve el asunto, pero creo que daciones en pago no". Aunque dijo no haber negociado con Ramón Salvador manifestó: "Si en su día este hombre negoció no creo que haya conseguido nada".

Muñiz aseguró que ya no trabaja como abogado del Banco de Valencia aunque admitió haber mantenido encuentros con Fernando Viladomat y Felipe Monzó "pero por otro cliente que no está querellado". El abogado atribuyó la revelación de informaciones a que "los querellados del FROB están persiguiendo a Iturriaga, cuando yo creo que Iturriaga era la mano ejecutora de lo que el FROB decide".

Un colaborador del despacho de Muñiz, Ángel Cortina, es socio de Iturriaga en varias empresas, como refleja el Registro Mercantil. No obstante Muñiz sostiene que Cortina no está en nómina. "Nos trae clientes para para concursar y reestructurar créditos, pero desde fuera, nunca desde dentro del despacho", aseguró a este diario el abogado el pasado mes de marzo.