Acuciada por enormes problemas financieros, la Generalitat proyecta implantar el año que viene un impuesto sobre los depósitos bancarios. El conseller de Hacienda, Juan Carlos Moragues, se reunió el pasado jueves en Valencia con los máximos representantes en la autonomía de las cinco principales entidades financieras del país „Bankia, Sabadell, CaixaBank, que han heredado a las extintas Bancaja, CAM y Banco de Valencia, respectivamente, así como Santander y BBVA„ para informarles de los planes de la administración autonómica de incluir esta medida en los Presupuestos de la Generalitat para 2014, según confirmaron las fuentes consultadas ayer por este diario, que aseguraron que el responsable de Hacienda trasladó a los banqueros el propósito de que la nueva figura impositiva fuera aprobada ayer mismo. No obstante, al final no fue así, aunque de aprobarse finalmente se incluirá en el trámite parlamentario que ahora comienza o en la ley de acompañamiento, que aún no ha sido definitivamente aprobada por el Consell. Un portavoz de Hacienda se limitó a afirmar al respecto que la medida «está en estudio».

Lo cierto es que la Generalitat lleva meses estudiando esta figura impositiva, que ha sido una de las cuestiones polémicas entre varias autonomías y el Gobierno central en el último año, aunque este mismo mes de octubre el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, abrió la puerta a cerrar las disputas y que puedan aplicarlo las autonomías. Este tributo lo introdujo Extremadura en 2001 y, ya con la crisis en marcha, Andalucía en 2010 y Canarias en 2012. Ante la avalancha que se avecinaba, porque Cataluña y Asturias también se sumaron, y para que no se rompiera la unidad de mercado, el Gobierno aprobó en los presupuesto del Estado para 2013 un impuesto sobre estos depósitos con un tipo del 0 % que suponía cortar de raíz las figuras fiscales autonómicas, dado que dos administraciones no pueden gravar un mismo hecho imponible y la central tenía preponderancia. Además, interpuso un recurso contra todos esos impuestos ante el Tribunal Constitucional, que provocó la suspensión cautelar de los mismos, a la vez que las autonomías recurrían el impuesto estatal. Como quiera que el Alto Tribunal está levantando, una tras otra, las medidas cautelares, Montoro aseguró el pasado día 1, en la presentación de las cuentas de 2014, que «si la doctrina del Tribunal Constitucional enfatiza que se trata de impuesto autonómico, habría que reconsiderarlo así».

Las fuentes consultadas aseguran que Moragues no especificó a los banqueros, que expresaron su rechazo a la medida, cuál será la imposición concreta que se aplicará en la Comunitat Valenciana ni la cantidad que espera recaudar con la misma. En Cataluña, el impuesto grava a las entidades financieras „no a los ciudadanos„, que pagan un 0,3 % para los primeros 150 millones que tengan en depósitos, un 0,4 % hasta los 600 millones y un 0,5 % a partir de ese nivel. La intención es recaudar 500 millones. Extremadura recauda 30 millones, como Asturias, y Canarias, 96.