Treinta residentes de la Comunitat Valenciana se quedan sin su casa cada día al no poder hacer frente a los plazos de los créditos pactados con las entidades bancarias. Así lo atestiguan los últimos datos publicados por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que avalan que en los primeros seis meses del ejercicio 2013 los juzgados de Castelló, Valencia y Alicante han aprobado un total de 5.386 ejecuciones hipotecarias.

Solamente Andalucía (9.475 desahucios, 53 cada día) y Cataluña (8.805 ejecuciones hipotecarias, 49 cada día) superan la estadística valenciana. La cuarta región en el escalafón fue Madrid, donde un total de 4.284 ciudadanos —23 cada 24 horas— perdieron su casa por no poder hacer frente a la hipoteca.

Estas cuatro autonomías aglutinan el 67 % —27.950 desahucios— de las 41.595 ejecuciones hipotecarias aprobadas en toda España en el primer semestre del año.

Ligero descenso

Los registros históricos del CGPJ avalan que en el primer tramo del 2013 se ha registrado un considerable descenso de las ejecuciones hipotecarias respecto a los cinco años anteriores. Cabe remontarse al año 2008, cuando comenzaba a mentarse la palabra crisis, para encontrar una cifra menor: 4.526 desahucios. Así, los juzgados de la C. Valenciana dieron el visto bueno a un total de 8.905 ejecuciones hipotecarias en el primer semestre del 2012, 7.962 procesos se desarrollaron en 2011, 10.611 en 2010 y 8.135 desahucios fueron efectuados entre enero y junio del año 2009.

Manuel Colomer, economista miembro de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de Valencia, atendió ayer a Levante-EMV y explicó que «el descenso en las estadísticas se debe a que estamos en un proceso de congelación por diferentes motivos: ha aumentado la presión social, la judicatura y los bancos han querido asegurar sus fundamentos jurídicos para actuar y los tribunales europeos constataron la indefensión del ciudadano español en estos casos. Sin embargo, si no cambian las cosas, estoy seguro que el número de desahucios crecerá a partir de 2014».

Colomer también expuso que «el 60 % de los afectados que deciden consultarnos a nosotros o a una entidad similar consiguen una paralización o un aplazamiento de su caso. La gente a la que están desahuciando en la actualidad son personas que, por alguna razón, no se han asesorado».

Por último, el integrante de la PAH comentó que «ha habido un cambio en el tipo de gente que atendemos. Antes venían personas sin ingresos y ahora vemos que hay perjudicados que han visto como su sueldo bajaba de forma drástica tras un ERE o comerciantes que rehipotecaron su vivienda».