El titular del juzgado de Instrucción número 14 de Valencia, Félix Blázquez, investiga la vida laboral de los familiares de los cuatro denunciados por las supuestas irregularidades en el puerto de Valencia. El magistrado trata de esclarecer si se ha producido algún trato de favor con la contratación de las esposas o los hijos de los tres directivos y del trabajador de la Autoridad Portuaria de Valencia. Blázquez ya investigaba el trabajo que desempeñaron dos hijos de Rafael Aznar -presidente de la Autoridad Portuaria- en la constructora Cyes y en la consultura AT Kearny.
El juez, como viene informando Levante-EMV, mantiene abierta una causa por presuntos delitos de malversación y prevaricación en la que están denunciados Rafael Aznar, los directivos Juan Antonio Delgado e Ignacio Pascual y el técnico del departamento económico-financiero de la Autoridad Portuaria de Valencia José Antonio Morales.
El juez solicitó hace quince días a la consultora AT Kearny que confirmara que la hija del presidente de la Autoridad Portuaria trabajaba para la firma. El magistrado quiere aclarar por qué Cristina Aznar trabajaba para la consultora que obtuvo un contrato de dos millones y medio de euros para la realización del plan estratégico de la Autoridad Portuaria de Valencia. La firma examinó la situación de los puertos de Valencia, Sagunt y Gandia durante 18 meses antes de presentar su informe. La firma comenzó los análisis en 2010. La hija de Aznar empezó a trabajar en AT Kearny en septiembre de 2009 y se mantuvo en la consultora hasta hasta julio de 2012 como analista de negocio. El dinero que pagó la Autoridad Portuaria por los trabajos de consultoría a AT Kearny supone multiplicar por ocho la inversión que han realizado otros puertos españoles por proyectos similares.
El juez Félix Blázquez también ha reclamado a la constructora Cyes que le informe de los trabajos realizados y que aclare la contración del hijo de Aznar y en qué momento desempeñó su trabajo.
Nueva providencia
El magistrado ha dictado ahora una providencia, que fue notificada ayer a las partes, en la que extiende las pesquisas a todos los familiares directivos de los denunciados para comprobar si hubo algún trato de favor.
Fuentes cercanas al procedimiento incidieron en que con estas pesquisas la instrucción está prácticamente cerrada a la espera de que la Autoridad Portuaria y la Intervención General del Estado remitan los informes solicitados por el juez. El magistrado tiene previsto citar como imputados a los cuatro denunciados en cuanto reciba toda la documentación, según puntualizaron fuentes próximas a la investigación judicial.
La encargada de fiscalizar las cuentas de la Autoridad Portuaria advirtió al juez de que consideraba que no había delito en las retribuciones bajo sospecha de Rafael Aznar y los otros directivos denunciados, aunque entendía que sí había irregularidades en la gestión del puerto de Valencia.
