El Instituto Valenciano de Finanzas y el Instituto de Crédito Oficial formalizaron ayer la operación financiera que permite a la Generalitat abonar desde ya mismo pagos pendientes por importe de 864,18 millones a las farmacias, conciertos sanitarios, educativos y de servicios sociales, convenios de colaboración, trasferencia a instituciones con fines sociales, centros tecnológicos y obligaciones pendientes de pago de universidades con sus proveedores. En la próximas semanas se formalizará elevar el importe hasta 937,56 millones para cubrir trasferencias pendientes de la Generalitat a los ayuntamientos.
El volumen de fondos recibidos comenzó a distribuirse ayer entre los acreedores. Por ejemplo, las farmacias recibieron 419 millones y los institutos tecnológicos, 27 millones.
Las dudas surgieron anoche en torno a cuándo se hará efectivo el desembolso del segundo tramo de este pago a proveedores, que asciende a 2.301 millones de euros y del que pueden beneficiarse, por ejemplo, los contratistas de obra pública con facturas pendientes generadas antes del 31 de mayo de este año.
La Conselleria de Hacienda emitió una nota en la que afirmaba que este segundo tramo será formalizado probablemente en el primer trimestre de 2014. Las fechas que maneja el departamento de Juan Carlos Moragues son que los pagos se realizarían sobre la segunda quincena de febrero del año que viene. El secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, no concretó ayer con exactitud los plazos del segundo tramo, que eleva a 3.171 millones las facturas de la Generalitat que asumirá el Estado.
Según explicó Beteta en una reunión con representantes de pymes y autónomos de la Comunitat Valenciana organizada por la delegada del Gobierno, Paula Sánchez de León, la semana que viene, el día 29, se pagarán también 140,7 millones de euros a 166 Ayuntamientos de la Comunitat Valenciana, una cifra superior a los 66,7 millones que barajaba la Conselleria de Hacienda.
El secretario de Estado hizo hincapié en que el plan de pagos que ahora se desarrolla es el «último», y que a partir de ahora «será la ley la que obligará en un plazo de 60 días a que se hagan efectivas esas facturas dentro del sector público». Aquel proveedor que no vea «satisfecha» su factura dentro del plazo de 60 días «solicitará el pago a la Administración General del Estado y se le pagará», dijo Beteta. El Estado detraerá esas cantidades de las trasferencias que realiza a las autonomías.
Los desembolso provocaron ayer reacciones positivas en los sectores que se han visto beneficiadas. A juicio del Colegio de Farmacéuticos, los pagos suponen terminar con la situación «crítica» que han vivido las farmacias durante dos años, tiempo en el que «han respondido con una gran profesionalidad, porque para que los valencianos no se quedarán sin su medicación han tenido que asumir pólizas colectivas e individuales».
