El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, anunció ayer que ha encargado al Ministerio de Trabajo que estudie una ley de servicios mínimos «para que se cumplan» y para «hacer compatible el derecho de huelga con los de los ciudadanos». Rajoy respondió así al ser preguntado por la petición que hizo la alcaldesa de Madrid, Ana Botella, de una ley de huelga tras la protagonizada por los trabajadores del servicio de limpieza en la capital. Pero también, de paso, ha dado respuesta a la reivindicación de numerosos dirigentes y «barones» del PP y de la propia patronal CEOE, cuyo vicepresidente, Arturo Fernández, se apresuró a calificarla de «una buena decisión del presidente del Gobierno».
Desde el partido socialista, su portavoz en el Congreso, Soraya Rodríguez, criticó la «falta de valentía» de Mariano Rajoy al anunciar una regulación de los servicios mínimos que, a su juicio, es en realidad una «ley de huelga encubierta». Soraya Rodríguez recordó que los servicios mínimos ya están regulados y relacionó este anuncio del presidente con la reciente huelga de limpieza en Madrid y las declaraciones de la alcaldesa, Ana Botella, sobre el incumplimiento de los servicios mínimos.
«No es el momento, igual que no el momento de abordar la reforma de un ley de Seguridad Ciudadana que es de represión ciudadana. Es terriblemente peligroso que haya anunciado más recortes y más represión», denunció Soraya Rodriguez. «Si el Gobierno quiere acabar con la huelga, que lo diga claramente», subrayó.
Los sindicatos UGT y CCOO manifestaron su sorpresa por el anuncio del presidente del Gobierno. El secretario general de Comisiones, Fernández Toxo, lo considera «un claro ejercicio antidemocrático» fruto de un «calentón» por la huelga de basuras de Madrid. «Legislar a golpe de calentones y jaleado por los sectores más ultras de su partido no es la mejor manera de buscar un acuerdo sobre la regulación de los servicios mínimos», advirtió Toxo.
Desde UGT señalaron que imponer este tipo de normas es «claramente antidemocrático e ineficaz socialmente» y lo considera expuesta a sucesos recientes, tratando de que una nueva ley solucione los problemas sociales provocados por «la mala gestión de los poderes públicos».
