El auto del juez Santiago Pedraz imputa por un delito de falsedad contable relacionado con las cuentas de 2009 a trece vocales del consejo de administración del Banco de Valencia que el 29 de enero de 2010 dieron su visto bueno a ese balance ahora en cuestión. Además del expresidente, José Luis Olivas, y del exconsejero delegado, Domingo Parra, el resto de consejeros, en su inmensa mayoría, pertenecen a la burguesía y el empresariado de Valencia y Castelló, los territorios donde principalmente operaba la entidad. El Banco de Valencia, que nació en 1900 por impulso de emprendedores asturianos, fue refundado en 1927 por lo más granado de la burguesía valenciana, entre ellos por el que luego sería presidente del Banco Central, Ignasi Villalonga. Esa vinculación se mantuvo con el tiempo, pese a que la entidad, después de la Guerra Civil, estuvo siempre bajo el amparo de otra de mayor dimensión. Primero fue el Central y, desde 1994, cuando este vendió su 24 %, de Bancaja. Luego la caja de ahorros lo fusionó con el Banco de Murcia, que era de su propiedad, y elevó su participación hasta el 40 %.
A pesar de ese control y a reservarse la presidencia y la vicepresidencia primera, la entidad de ahorros siempre procuró que en el consejo estuviera bien representada la burguesía autóctona y los accionistas históricos del banco. De ahí que algunas de las plazas que le correspondían por ese 40 % las cediera a personas procedentes de ese mundo.
Además de Olivas y Parra -y el socio de la auditora Deloitte, Miguel Monferrer- los otros once imputados son los siguientes: Antonio Tirado (abogado castellonense que representaba a la compañía de seguros de Bancaja; en aquel momento era vicepresidente de la entidad de ahorros, de la que llegó a ser presidente entre 1997 y 1998), Agnés Noguera (a través de la patrimonial Libertas 7, ocupaba la vocalía que durante muchos años tuvo su familia, en especial su padre Álvaro), Manuel Olmos (presente en el consejo a través de la empresa Macomar Inver), el empresario alicantino José Segura, María Irene Girona (accionista histórica del banco, cuyo padre fue presidente del mismo entre 1988 y 1993 y cuyo hermano Juan Antono no ha sido imputado en este caso aunque sí lo está, como vocal del consejo, por la querella presentada por la asociación de pequeños accionistas Apabankval que también instruye Pedraz), María Dolores Boluda (otra de las accionistas históricas de la entidad, en cuyo consejo figuraba representando a Bancaja Participaciones), José Luis Quesada (propietario, junto a su hermano Federico, de la empresa de obra pública Pavasal y accionista de Edifesa, la constructora de la familia del expresidente de la patronal CEV, Rafael Ferrando, representaba a Bancaja Hábitat), Silvestre Segarra (vicepresidente de Porcelanosa, si bien estaba en el consejo del banco por Grupo Bancaja Centro de Estudios), Pedro Muñoz (representante del Montepío Loreto, Mutualidad de Previsión Social, que tenía el 3,2 % de la entidad), Celestino Aznar (que inició su actividad empresarial en el grupo textil castellonense Marie Claire) y Federico Michavila (propietario de la azulejera castellonense Torrecid). Todos ellos deberán explicar al juez por qué avalaron las cuentas del banco de 2009.
