Banco de Valencia ocultó que superaba el límite de concentración de riesgos

No declaró activos correspondientes a varias entidades tenedoras de suelo controladas por el grupo financiero para no sobrepasar el 25 % de los recursos propios que el Banco de España fijaba como máximo, según la Intervención del Estado

02.12.2013 | 01:39

El Banco de Valencia ocultó que superaba el límite de concentración de riesgos con el propio grupo dado que no declaró «los correspondientes a varias entidades no consolidadas tenedoras de suelos controladas y financiadas» por la propia entidad, de tal forma que superó «el límite del 25 % de los recursos propios establecido en la normativa del Banco de España». Así consta en el informe de la Intervención General del Estado del pasado 1 de agosto que ha servido al juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz para ampliar la imputación al exconsejo de administración por falsear las cuentas de 2009. El informe es una de las diligencias reclamadas por la Fiscalía Anticorrupción a raíz de la querella presentada por la asociación de pequeños accionistas Apabankval, que, entre otros, señalaba la supuesta comisión de un delito de falsedad contable referido en este caso a las cuentas de 2010. Tal como publicó ayer este diario, el organismo dependiente del Ministerio de Hacienda avala la posibilidad de que se cometiera un delito de falsedad contable al concluir que tanto en 2009 como en 2010 la entidad, que declaró beneficios (132 millones de euros en el primer ejercicio), debería haber presentado pérdidas (de 86 en ese año) si hubiera cumplido los requisitos legales en cuanto a dotación de activos dudosos.

La Intervención, en una parte de su documento, hace un compendio de los informes que los inspectores del Banco de España realizaron tras las visitas que efectuaron a la entidad en los meses de mayo, junio y julio de 2011. Una de las prácticas irregulares detectadas, según el informe, se encontraba en los procedimientos de gestión del riesgo de crédito: «Se han financiado operaciones o reestructurdo deudas de acreditados con aplazamientos de vencimientos sin que, en la mayoría de las ocasiones, se aportaran ni un plan de negocio consistente ni garantías adicionales efectivas, distintas de la superposición de las previamente existentes». El texto es bien explícito sobre los motivos de estas actuaciones: «En numerosos casos, las refinanciaciones de operaciones tienen como único objetivo impedir que las mismas caigan en mora objetiva y las compras de activos son la única solución para recuperar parte de la inversión».

El banco presidido por José Luis Olivas entre enero de 2004 y octubre de 2011, un mes antes de la intervención por parte del Estado, acabó vendido por un euro a CaixaBank tras costarle a los contribuyentes más de 6.500 millones de euros por, entre otros motivos, una política comercial excesivamente vinculada al sector inmobiliario. Según la Intervención y el Banco de España, la entidad, cuyo principal gestor entre 1994 y octubre de 2011, cuando fue obligado a dimitir, fue Domingo Parra, asumió «riesgos significativos en operaciones inmobiliarias, en su mayor parte suelos a largo plazo, en una actividad más propia de otro tipo de entidades que de una entidad bancaria». A continuación, el documento detalla que «estas operaciones se realizan constituyendo sociedades específicas conjuntamente con promotores locales. Sin embargo, el riesgo lo asume la entidad prácticamente en su totalidad, ya que al estar la mayor parte de sus socios en situación problemática no solo aporta su parte del capital y todo el riesgo de crédito, sino que también tiene que financiar las nuevas aportaciones de capital a realizar por el resto de socios de estas participadas».

Algunas de estas operaciones acabarían siendo denunciadas por el FROB, tras su paso como gestor por la entidad después de la intervención, ante el juez Pedraz, que ha abierto ocho causas separadas por esta querella al margen de la causa central que surge de la que presentó Apabankvall, representada por el abogado valenciano Diego Muñoz-Cobo.

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