Los tiempos en que la deuda era «productiva» y desde el Consell se ironizaba sobre el supuesto alarmismo de la oposición ante la espiral de crecimiento de los préstamos no están tan lejos. Pero la realidad ha evidenciado que aquella política —que permitió paliar o camuflar la insuficiente financiación durante muchos años— hoy pasa factura. Un informe del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas sobre los presupuestos de las Comunidades Autónomas en 2014 revela que el de la Generalitat es el segundo más hipotecado por la deuda pública, concepto que en el reparto del dinero por grupos funcionales engloba tanto las amortizaciones como el pago de intereses de los créditos o la inyección en las sociedades públicas. De los 16.254,3 millones de que dispone el Consell este 2014 para pagar todos los servicios que presta y estimular la economía, el 26,22 %, 4.262 millones, está atado por la deuda pública, un nivel de dependencia solo superado por Cataluña, con el 27,12 %, y muy por encima de la media, el 19,04 %.
Ese lastre le costará este año a cada valenciano 833 euros que el Consell no podrá destinar a gasto e inversiones públicas, sino a cumplir con sus obligaciones básicamente con los bancos. Con todo, cabe apuntar que este ejercicio las cifras están condicionadas por que el ministerio ha obligado a consignar en los presupuestos todas las operaciones de deuda, incluso las que se prevean renovar y que tienen su contrapartida en los ingresos.
Tras Cataluña y la C. Valenciana, el ejecutivo más entrampado es Baleares (24,79 %), seguido de Castilla-La Mancha (22,23 %), Madrid (22,08 %), Galicia (20,25 %) y Aragón (19,72 %). Por debajo de la media ya están Murcia (18,55 %), Cantabria (15,60 %) o Castilla y León (15,27 %). La comunidad con un presupuesto menos comprometido por el lastre de la deuda es País Vasco (7,84 %), que goza de un sistema foral de financiación ventajoso, mientras que de Navarra no hay datos al rechazarse los presupuestos. La siguiente con las manos más libres para realizar políticas anticíclicas y dentro del régimen común de financiación es Canarias (9,03 %), con una situación especial por su insularidad. A continuación están Extremadura (9,85 %), La Rioja (10,81 %) y Asturias (10,81 %), primadas en el modelo de financiación.
Andalucía, la única donde baja
Pero luego les sigue Andalucía (12,51 %), lo que muestra que no todo se explica por la financiación.
Andalucía es, de hecho, la única donde el peso de la deuda sobre el global del presupuesto desciende, un 10,50 %. En todas las demás sube, desde el 114 % de Cataluña y el 86 % de Galicia al 2 % de Murcia. La valenciana, con el 15,3 %, es la tercera donde menos aumenta.
Ahora bien, si se tiene en cuenta solo el mordisco del pago de intereses en los presupuestos de 2014, la situación es aún más complicada. El del Consell es donde más consumen los gastos financieros, el 7,65 % del total de los recursos para este ejercicio, con un desembolso de 1.230 millones. Supera a Castilla-La Mancha, con el 7,54 %; seguida de Cataluña (7,15 %), Baleares (6,75 %) y Murcia (6,67 %). La media es del 5,47 %. La más desahogada, de nuevo, es País Vasco (2,73 %), seguida de Extremadura (2,95), Galicia (3,44) y La Rioja (3,72).
Los datos comportan que los valencianos son los terceros más penalizados por la hipoteca de su gobierno autonómico, ya que el lastre de la deuda pública obligará al Consell a dedicar 833 euros por ciudadano para cumplir con los bancos. Unos recursos que no podrán destinarse a otras políticas. A una familia de cuatro miembros le costará 3.332 euros este año en menos servicios e inversiones. De los 833 euros, 243 serán solo intereses. Peor lo tienen lo catalanes, a los que la hipoteca del Ejecutivo de Artur Mas les costará 1.042 euros por habitante en formar de un menor gasto público, seguido de los baleares, 864 euros menos. Los menos castigados son los de Canarias (294 euros), País Vasco (371 euros) y Andalucía (379 euros).
