El atraso monumental en los pagos de salarios e indemnizaciones del Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) a trabajadores despedidos por empresas insolventes alcanza registros cada vez más alarmantes. El organismo dependiente del Ministerio de Empleo y Seguridad Social que tarda hasta dos años en pagar a los parados acumula otros 5.000 expedientes sin resolver en su oficina de Valencia durante el último trimestre de 2013, que se suman así a los 37.000 documentos bloqueados todavía (180.000 en toda españa) a pesar de que en octubre del año pasado fueron remitidos a una mercantil del grupo Tragsa para tratar de darles vía libre; aunque eso no ha ocurrido.
Mientras crecen las protestas y la crispación se dispara en las oficinas del Fogasa en Valencia ha sido necesario contratar un servicio de vigilancia privada las centrales sindicales UGT y Comisiones Obreras en al junta de personal del organismo público han mantenido un encuentro con la secretaría de Estado de Empleo para tratar se resolver una situación que ya es «insostenible», según fuentes sindicales. El ministerio no cuenta con fondos suficientes para hacer frente a su abultada deuda, que ronda los 400 millones en el caso de la Comunitat Valenciana (1.800 millones en España), es decir más del presupuesto anual que tiene para toda la autonomía.
Situaciones dramáticas
Despedidos, parados y abandonados por el Fogasa, alrededor de 80.000 valencianos sufren los impagos del Fogasa. Es el caso de la extrabajadora de Saldos Canarias Amparo Faubel. La firma de géneros de punto ya cerrada despidió en julio de 2012 a 13 empleados de la plantilla y tras presentar la citada persona un demanda en el fogasa el 15 de octubre de 2012 todavía no ha percibido los 15.500 euros que le corresponden en concepto de salarios e indemnizaciones. Amparo Faubel, de 55 años de edad, ya sólo percibe el 50 % de la prestación de desempleo.
La encomienda de Trabajo que ha realizado a Tragsa que cobrará unos 3,5 millones de euros por la prestación de este servicio «no ha servido para nada», según fuentes de Comisiones Obreras. De hecho, los documentos remitidos a Madrid para su resolución (los solicitados entre marzo de 1012 y octubre de 2013) «siguen sin resolverse» y los afectados continúan sin recibir información sobre la tramitación de sus respectivos expedientes.
En Alicante hay más de 6.000 casos pendientes de tramitar y más de 9.000 personas afectadas a las que se les adeuda cerca de 50 millones de euros. Según las Intercomarcal l'Alacantí-Les Marines de CC OO, «las medidas del Gobierno adaptadas para agilizar la tramitación de los documentos ha sido constata un fracaso absoluto». En su opinión, el atasco se debe a que en unos años debido a la crisis económica se ha duplicado el número de solicitudes a ese organismo sin que su plantilla haya aumentado». De hecho, el personal eventual contratado en 2013 no ha sido renovado a principios de este año.
