La Universitat de València inició ayer un movimiento para intentar impedir que la nueva regulación que prepara el Ministerio de Economía para las cooperativas de crédito acabe en la conversión de estas entidades en bancos, tal como ha sucedido con las cajas de ahorros. En una jornada organizada por la Facultad de Economía se aprobó ayer un manifiesto en defensa de estas entidades y contra su bancarización, que, en opinión de sus promotores, implicará la desaparición de las rurales, que representan, junto a Caixa Ontinyent, el último y reducido reducto del sistema financiero valenciano tras la extinción en esta crisis de Bancaja, CAM y Banco de Valencia.
El director del Iudescoop (Institut Universitari d'Economia Social i Cooperativisme), Joan Ramon Sanchis, explicó ayer que el manifiesto inicia ahora un recorrido de aproximadamente un mes en que será sometido a la adhesión por parte de los órganos de gobierno de la propia universidad, de todas las entidades públicas y privadas que tengan relación con las cajas rurales, como cooperativas agrarias, de consumo y de trabajo asociado, asociaciones de agricultores, ayuntamientos y organizaciones del comercio, además de los partidos políticos con representación parlamentaria. El propósito es hacer llegar el documento, con el mayor respaldo posible, al Consell para que este se apoye en él para presionar al Gobierno central contra la bancarización. Sanchis añadió que el objetivo es también extenderlo al resto de comunidades autónomas para incrementar la capacidad de presión.
El Ministerio de Economía ya ha iniciado las conversaciones con el sector para trazar la nueva legislación. El proyecto pasa, según lo que ha trascendido hasta la fecha, por propiciar la constitución en España de uno o dos grupos comandados por un banco donde queden integradas las 65 entidades del sector que siguen existiendo. De ellas, 31 están ubicadas en la Comunitat Valenciana, si bien 18 están integradas en el Grupo Cooperativo Cajamar y otras cinco se han incorporado al Banco Social de Crédito Cooperativo, controlado por Cajamar y que se proyecta como uno de esos dos grupos de integración. Las ocho restantes forman parte de la Asociación Española de Cajas Rurales, propietaria del Banco Cooperativo, que podría aglutinar a otra parte del sector, aunque se vería forzado a profundizar en los lazos que unen a sus socios.
El manifiesto considera que «la bancarización de las cooperativas de crédito supondrá su desaparición y la consolidación de un modelo de banca comercial de grandes dimensiones, lo que derivará en un sector bancario fuertemente concentrado y un mercado oligopolístico dominado por seis grandes bancos». Según el texto, «esto supondría un grave perjuicio para los consumidores», sobre todo particulares y pymes. El documento aboga por que «ningún modelo ha de imponer sus criterios a los otros» y que cada rural decida, «libremente y sin presiones de ningún tipo, qué modelo es el más apropiado para realizar su actividad». Acto seguido defiende la cooperación y las alianzas entre rurales y, muy especialmente, con las cooperativas agrarias, «manteniendo el carácter de banca local socialmente responsable». El director general de Caixa Popular, Rosendo Ortí, se opuso durante su intervención a la posible bancarización y a la concentración en el sector, porque, según su criterio, ambas conllevarán «no poder cumplir» con los valores y misiones que tienen cada una de ellas.
