La Generalitat aseguró el lunes que el contrato de privatización de la gestión de l'Oceanogràfic y el Ágora de la Ciudad de las Artes y las Ciencias (Cacsa) no supondrá «ningún gasto» para la sociedad pública. Sin embargo, esta rotunda afirmación no es del todo cierta, como reflejan los pliegos de condiciones del concurso que ya obran en manos de los posibles aspirantes. El operador privado también disfrutará de un flujo económico a su favor, el que se deriva de la aportación de contenidos al Museo de las Ciencias y el Hemisfèric, cuya gestión seguirá en manos de Cacsa. Los pliegos obligan al futuro adjudicatario a realizar un propuesta de contenidos para ambos recintos en forma de exposiciones, actividades y proyecciones audiovisuales.

El adjudicatario deberá costear todos los gastos derivados de la adquisición, arrendamiento, montaje, transporte, seguros, etcétera, de esos contenidos. A cambio, Cacsa pagará al operador el 20 % del importe de las entradas del Museo cuando supere la cifra de 2,6 millones de euros al año. El porcentaje se elevará hasta el 30 % cuando las ventas superen los 3 millones de euros anuales. No serán cantidades difíciles de alcanzar si se tiene en cuenta que en el año 2012 (último ejercicio con las cuentas de la sociedad pública publicadas) las ventas de entradas de todo el complejo superaron los 22,1 millones de euros.

Del mismo modo, el futuro adjudicatario percibirá el 20 % del importe de los ingresos por venta de entradas del Hemisfèric cuando superen la cifra anual de 1,5 millones de euros. El pago se elevará en un 10 % cuando los ingresos excedan los 1,9 millones de euros.

Estos abonos se calcularán de forma anual y se desembolsarán antes del 10 de febrero de cada año.

La periodicidad es distinta con los cánones variables que el gestor privado pagará a Cacsa por la explotación de l'Oceanogràfic, el Ágora y los servicios de restauración y «merchandising» del conjunto del recinto. Estas cantidades se facturarán de forma mensual y al cierre del ejercicio se realizarán los ajustes correspondientes.

Hacerse con el contrato que acaba de licitar Cacsa no es un objetivo al alcance de cualquier aspirante. El pliego permite que las ofertas lleguen avaladas por varias empresas o grupos, que en caso de resultar elegidos deberán constituir una sociedad conjunta en cuya denominación debe integrar Oceanogràfic-Ágora. La nueva mercantil tendrá que tener un capital social suscrito y desembolsado de, al menos, 3 millones de euros. La misma cantidad deberá depositar el adjudicatario como garantía definitiva. Si se suman estos seis millones a los 600.000 euros de canon mínimo inicial y los 750.000 de la campaña de publicidad, el resultado arroja que para poder firmar el contrato los operadores deberán contar inicialmente con más de 7,2 millones de euros para poder funcionar. Además tendrán que aportar el compromiso de una entidad financiera para financiar su actividad con dos millones de euros.

Los requisitos recogidos en el pliego restringen además la concurrencia a empresas que ya cuenten con recintos zoológicos que reciban al menos 600.000 visitantes al año y que dispongan de instalaciones de agua con un volumen mínimo de 5.000 litros.

A la hora de baremar, la mesa de contratación otorgará hasta 60 puntos a la oferta económica (50 por los requisitos económicos básicos y 10 por mejoras) y 40 puntos por la propuesta técnica.