Un demoledor informe de la Intervención General de la Generalitat ha puesto luz a la siempre oscurantista gestión de Feria Valencia y ha destapado multimillonarios sobrecostes injustificados en las obras de ampliación ejecutadas a partir del año 2002 y que finalizaron en 2009. Según el documento, elaborado por los inspectores en colaboración con los técnicos de la Conselleria de Infraestructuras, la institución disparó en un 86,27 % los presupuestos iniciales de construcción y elevó a 542 millones el coste final de los trabajos.
El documento provisional, que no incorpora las alegaciones que ha presentado Feria Valencia, cuyo patronato presidente Rita Barberá, considera que de mantenerse la predisposición actual de la Generalitat a cubrir todos los desfases derivados de los sobrecostes de la ampliación, la financiación de esas obras podría suponer para el recinto ferial apenas un desembolso de 28,37 millones, mientras que la Administración autonómica pagará 1.027,59 millones de euros.
La Intervención describe a Feria Valencia como una entidad de derecho público y denuncia que sus gestores (el período analizado es el de Alberto Catalá al frente de la presidencia del comité ejecutivo, con Belén Juste y Carlos Vargas en la dirección general) vulneraron de forma sistemática el marco normativa de contratación pública y adjudicaron contratos millonarios sin respetar los principios de libertad de acceso a las licitaciones, publicidad y trasparencia de los procedimientos. En la muestra de contratos analizada señala diversos incumplimientos de la legalidad.
El informe de la Intervención, al que ayer tuvo acceso Levante-EMV, fue encargado en otoño del año pasado, después de que el Banco de España obligase a que el pasivo de Feria Valencia computase en términos de déficit y endeudamiento dentro del perímetro de la Generalitat valenciana. Esta inclusión, según explicaron fuentes de la Conselleria de Hacienda, conllevó la incorporación de la entidad a los planes de control financiero y de gestión que Intervención desarrolla de forma específica para las distintas instituciones públicas autonómicas.
Uno de los objetivos de estos planes de control es supervisar la justificación y legalidad de los convenios suscritos. Feria Valencia y la Administración autonómica firmaron entre 2002 y 2004 acuerdos por los cuales el Consell debía hacerse cargo de parte del principal y los intereses de los créditos y emisiones de deuda suscritas para financiar las obras.
La financiación de las inversiones de la ampliación dio origen a diversas operaciones gestionadas por el Instituto Valenciano de Finanzas y respaldadas por la Generalitat por un importe de 587,1 millones de euros, realizadas en dos fases por importe de 325 y 262 millones de euros.
En ese sentido, la Intervención se muestra contundente al señalar que la Generalitat no debería cubrir los sobrecostes «no justificados» en las actuaciones facturadas. Esos excesos sobre las previsiones iniciales, según los técnicos, suponen incumplir los convenios y, por tanto, el Consell debería exigir a Feria Valencia el retorno de 151 millones ya satisfechos como garante del pago de la financiación de la fase inicial.
El documento concluye que, al analizar la situación del negocio y comparativamente con otros recintos feriales similares como el de Madrid, la ampliación fue del todo «desproporcionada». «Se desprende una falta de rentabilidad si se comparar la inversión realizada 587 millones de euros con los resultados obtenidos desde el inicio de la ampliación hasta finales de 2012, con una pérdida acumulada de 9,34 millones de euros», asegura el informe.
Además señala que la Comisión encargada de verificar el cumplimiento de los convenios suscritos entre Feria Valencia y la Generalitat «se ha reunido una sola vez en diez años». También indica que a pesar de los diversos requerimientos efectuados por la Sindicatura de Cuentas, «Feria Valencia no ha sometido sus cuentas a fiscalización por parte de dicha institución».
Fuentes de la Conselleria de Hacienda destacaron el carácter «provisional» del informe y manifestaron que se encuentra en fase de alegaciones. En su defensa, Feria Valencia ha argumentado que se trata de una institución privada que no se rige por la normativa pública en materia de contratación. Sin embargo, el ahora presidente del comité ejecutivo, José Vicente González, ha admitido en varias ocasiones que el recinto ha abierto su propio debate interno para determinar su régimen jurídico, pues hay sentencias y resoluciones de varias instituciones que definen a Feria Valencia como una entidad de derecho público.
