El expresidente de Caja Madrid Miguel Blesa ha intentado que la aseguradora de Caja Madrid, Mapfre, cubra la fianza de 16 millones de euros en concepto de responsabilidad civil por el uso de las tarjetas opacas al fisco que le impuso el pasado jueves el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu, según fuentes jurídicas. El banquero presentó un escrito el pasado viernes formalizando esta socilitud y reclamando al Juzgado Central de Instrucción número 4 que se dirigiera a la aseguradora para formalizar el pago de la millonaria cantidad.
El juez Andreu rechazó en una providencia hecha pública ayer su petición. El magistrado confirma que Blesa dispone de un plazo que expira el próximo miércoles para hacer efectiva la fianza y recuerda que, en el caso de que el dinero no sea depositado, procederá al embargo de sus bienes.
Fuentes cercanas al expresidente de la caja madrileña adelantaron la pasada semana que Blesa no podrá hacer frente a la fianza y asumirá, por tanto, el embargo de su patrimonio. Precisaron que no tiene e capacidad económica suficiente. Blesa, sin embargo, sí que pudo atender en el plazo de 24 horas una fianza de 2,5 millones de euros que le impuso el juez Elpidio José Silva para eludir su ingreso en prisión en mayo de 2013.
Además, el banquero tiene previsto recurrir en cinco días la fianza acordada por el juez Andreu, aunque la presentación de este escrito no paraliza el plazo del que dispone para hacer efectiva la caución, que vence el próximo miércoles.
Presentación del recurso
Andreu dio un plazo de cinco días para el depósito de las respectivas fianzas a Blesa y al ex presidente de Bankia, Rodrigo Rato, a quien exigió tres millones de euros. En caso de que no las paguen, el magistrado llevará a cabo una averiguación patrimonial y requerirá al Registro de Bienes Muebles, al Registro Mercantil, al Registro de la Propiedad, a la Seguridad Social y a la Agencia Tributaria un listado sobre sus bienes.
El procedimiento habitual a seguir por los juzgados en caso de embargo es proceder a una averiguación patrimonial, solicitando a los organismos citados la localización de sus bienes con el objeto de elaborar un listado que incluya conceptos como salarios, pisos, vehículos o acciones. Tras ello, se librará un oficio para proceder a su embargo comenzando por aquellos con mayor liquidez, como cuentas y acciones.
En el caso de los pisos, se pedirá una nota simple al Registro de la Propiedad para comprobar si tiene cargas y un perito tasará la vivienda. Si los afectados aportan sus propios peritajes, estos se contrastarán con los ordenados por el juez. Las fianzas, fueron impuestas a petición de la Fiscalía Anticorrupción con la adhesión del FROB, principal accionista de Bankia, incluyen tanto la responsabilidad civil que tendrían que afrontar en el caso de ser condenados por el uso de las tarjetas como la multa del 25 % que establece la ley.
