El pleno de las Corts Valencianes rechazó ayer, por los votos en contra del PP y a favor de la oposición, crear una comisión de investigación sobre las irregularidades detectadas en los últimos años en Feria Valencia, como los sobrecostes millonarios en las obras de ampliación. Así lo pedían el PSPV y Esquerra Unida, quienes defendieron que los valencianos deben conocer en qué se ha gastado su dinero y si tendrán que asumir los 1.027 millones de euros con los que la Generalitat avaló la ampliación de la feria, pero el PP les acusó de adelantarse al año 2029, «que es cuando vence el préstamo».
La portavoz de Esquerra Unida, Marga Sanz, instó al PP a asumir que el proyecto de ampliación de Feria Valencia fue «desproporcionado, faraónico» y un «error garrafal», que supone el 2 % de la deuda de la Generalitat y puede «poner en jaque» sus cuentas. El diputado del PP Rubén Ibáñez señaló que lo que hay sobre Feria Valencia son «conjeturas y condicionales», y que la oposición pide una comisión «por un supuesto que puede pasar en 2029», lo que es «irresponsable».
El comité ejecutivo de Feria Valencia decidió ayer que los 23 trabajadores que estaban pendientes de externalización se coloquen en las empresas proveedoras que tienen contratos en vigor con la feria. Durante los últimos días, la entidad ha contactado con estas empresas para comunicarles la oferta, que ha sido acogida de forma favorable. El ERE pactado antes de verano en la Feria suponía la externalización de un total de 41 trabajadores que prestaban servicios de mantenimiento y servicios generales en la empresa. De estos 41, 18 su sumaron a una baja incentivada, por lo que quedaban 23 para recolocar.
