Las ferias «no son asociaciones», sino «instituciones de carácter público» y Feria Valencia «debe ser censada como un ente local, en concreto como un consorcio, y debe rendir sus cuentas a esta Sindicatura». Para el órgano fiscalizador de la Generalitat, no hay duda: La Feria, en la picota a raíz de la investigación de la Fiscalía sobre los sobrecostes millonarios en las obras de ampliación de la entidad y que se reflejan en un informe de la Intervención de la Generalitat, esta sometida al control público. Y ello pese al dictamen „a demanda de la Conselleria de Economía„ emitido en octubre por el Consell Jurídic Consultiu, órgano consultivo también de la Generalitat, en el que abogó por la naturaleza jurídica privada de la Feria. La discusión no es baladí y sus consecuencias podrían llegar a tener repercusión penal. El papel de la Intervención ha causado malestar en la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, presidenta (sin poder ejecutivo) del patronato, y el jefe del Consell, Alberto Fabra, y el conseller de Hacienda, Juan Carlos Moragues, buscan una salida.
Pero la tesis de la Sindicatura de Comptes, que dirige Rafael Vicente Queralt, no es nueva y por eso el miércoles envió un requerimiento a la Feria para que le rinda las cuentas. La fijó hace años, la última vez en diciembre de 2011, cuando determinó las entidades locales que considera públicas. En alegaciones, replicó el entonces presidente, Alberto Català, quien insistió en que la Feria es una «asociación de utilidad pública». De este modo, se regiría por el derecho privado. Señaló que se financia con recursos obtenidos de su actividad y «no hay porcentajes de financiación de los entes públicos y privados que la constituyen». También defendió que la sentencia del TSJCV del 25 de enero de 2001, que la consideraba ya un «consorcio de carácter local», se refería a si debían pagar el Impuesto de Actividades Económicas y no a su naturaleza.
La respuesta del Síndic fue contundente: Las ferias «están sujetas a un régimen jurídico de derecho público que difiere del que es propio de las asociaciones». Éstas, explica, están libres de cualquier «intervencionismo administrativo» y sus integrantes tienen plena libertad para elegir, entre otras cuestiones, a sus órganos de gobierno. En cambio, el decreto del Consell sobre Ferias Comerciales «impone un régimen jurídico de derecho público fuertemente intervencionista», hasta el punto de «ordenar» la presencia de representantes de determinadas entidades públicas, la aprobación de sus estatutos por la conselleria o la presentación del presupuesto. Como consorcio local, «no es una entidad dependiente de la Administración local, sino que forma parte de la misma», llega a decir el Síndic, que no movió una coma de sus conclusiones.
«Sería un escándalo mayúsculo»
La tesis del Síndic es la misma que la del Banco de España, de marzo de 2013. Y la que ha seguido la Intervención General del Estado (IGAE). El Jurídic emitió un dictamen opuesto a esta posición oficial y a las sentencias judiciales. Así, dos órganos de la Generalitat (Síndic y CJC) mantienen tesis contrarias, que permitirían a la Feria elegir.
La oposición exigió ayer a Barberá que «aclare cuanto antes lo que ha pasado en Feria Valencia». «No se puede ocultar a través de empresas públicas y fundaciones una actuación que es prácticamente delictiva», afirmó el síndic del PSPV, Antonio Torres. Marga Sanz (EU) consideró que sería un «escándalo mayúsculo» que el Consell, «por presiones de Barberá», trate de rectificar el informe de la Intervención.
