El juzgado de lo Social número 17 de Valencia ha dictado una sentencia pionera en España al condenar al Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) a abonar intereses de demora a razón del 4 % anual en sus pagos tras la demanda de un grupo de trabajadores afectados por un ERE de la firma Miniaturas Tecnológicas, realizado en 2010.
El fallo judicial sobre los trabajadores defendidos por el letrado Ricardo Cano, a la sazón presidente de la Asociación para la Defensa de las Libertades y los Derechos Sociales y Civiles del País Valenciano, se produce tras las reiteradas denuncias contra el Fogasa dados los retrasos „de hasta dos años y medio„ en las resolución de expedientes. Según Cano, «se trata de una resolución judicial de máxima trascendencia para todos los trabajadores afectados por las demoras, que incluye a más de 250.000 personas».
Un reciente informe del Tribunal de Cuentas ha puesto en evidencia la caótica gestión del organismo dependiente del Ministerio de Empleo y Seguridad Social y encargado de tramitar los salarios e indemnizaciones de trabajadores afectados por empresas insolventes o que han cerrado.Algunos errores del Fogasa han generado una avalancha de demandas en los juzgados valencianos, lo que ha provocado que el 60 % de esos casos están relacionados con resoluciones incorrectas de esta entidad pública.
La Asociación para la Defensa de las Libertades asegura que tiene previsto «seguir adelante en la reclamación por el respeto a los derechos de los trabajadores y a denunciar el fraude en que ha consistido la gestión del Fogasa, que al privatizar su gestión lo único que ha hecho es cercenar los derechos de los trabajadores». La encomienda de gestión del Fogasa a Tragsa para desatacar el bloqueo de expedientes, multiplicó por once los costes, según el Tribunal de Cuentas, que también advierte en su último informe sobre la falta de personal en Valencia.
