La Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) ha advertido a la Autoridad Portuaria de Alicante que «incumple» la Ley de Contratos, prorroga convenios de manera ilegal, formaliza acuerdos con opacidad y realiza cesión de trabajadores de forma un tanto «dudosa». Así lo reconocen diversos informes realizados por el organismo dependiente del Gobierno en relación a las cuentas del puerto alicantino y de su fundación en tiempos de José Joaquín Ripoll como presidente de ambas entidades. Tres auditorías elaboradas por la IGAE sacan a relucir múltiples anomalías en la entidad portuaria durante los últimos años. Los informes de fiscalización —elaborados en octubre de 2011, agosto de 2013 y diciembre de 2013— han salido ahora a relucir tras la solicitud de información de Compromís. Entre otros detalles estos análisis aseguran que Ripoll decidió aumentar el número de reuniones del consejo de administración para «compensar» los recortes que impuso el Ministerio de Fomento en los órganos de dirección de los puertos. Como se recordará, un juzgado también investiga los presuntos cobros ilegales del presidente y de varios directivos del puerto de Valencia y de su fundación. a. f. alicante
