Una de cada tres sociedades mercantiles españoles que acaban en la quiebra caen por el retraso o la falta de pago de las facturas de los trabajos que realizan. Más de 400.000 empresas españolas han desaparecido desde que comenzó la crisis por el efecto de los impagos.

Un informe realizado por EAE Business School y la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMCM) recoge de forma clara el impacto que tiene la morosidad sobre las empresas españolas.

El estudio, que data de finales de 2014, recoge una tasa de morosidad entre las empresas del 5,1%, muy superior a la media de la Unión Europea. El volumen de impagados comerciales alcanza los 600.000 millones de euros en un solo año.

Y no es de extrañar que la cifra global tenga unas cifras tan elevadas. No en vano, siete de cada diez operaciones comerciales entre empresas en España se realiza a través de pago a plazo, un sistema mucho más utilizado en nuestro país que en el resto de países europeos.

Y las cifras de retrasos en el pago no son mejores. Pese a que la ley establece que el plazo máximo de pago entre empresas es de 60 días, la realidad es tozuda y en la práctica se producen unos retrasos medio de 16,95 días en las operaciones comerciales.

Con todo ello, se mantiene la preocupación entre los empresarios y directores sobre la morosidad de sus operaciones comerciales, más aún cuando muchas empresas -esencialmente las pymes- no pueden disponer de personal especializado que pueda analizar las probabilidades de impago de clientes nuevos y recurrentes.

Analizar la capacidad de pago de un negocio puede ser muy complicado para alguien sin formación en el área financiera, por lo que es preciso contar en esos casos con análisis externos fiables y fáciles de interpretar.

Es el caso de soluciones como los informes comerciales, unos documentos que facilitan la toma de decisiones para evitar impagados. Para garantizar su fiabilidad, estos informes se elaborar únicamente con las cuentas anuales de las empresas y muestran de forma clara la probabilidad de impago, así como una serie de magnitudes económicas y ratios para respaldar esa decisión incluso aunque no se cuente con experiencia en la gestión de riesgos.