Después de casi año y medio sin pasaporte los empresarios de Benidorm Juan Ferri y José Baldó podrán viajar de nuevo a México, donde tienen un buena parte de su emporio hotelero. El magistrado de la Audiencia Nacional Javier Gómez Bermúdez les ha devuelto durante diez días el documento que les retiró en diciembre de 2013 para que puedan realizar este viaje y atender así cuestiones derivadas de sus negocios, según argumentan los hoteleros.
Para que el magistrado haya levantado la mano ante esta petición después de haberla rechazado en varias ocasiones anteriores ha sido preciso que los exsocios de la CAM en los negocios que la caja montó en el Caribe justificasen qué exigía su presencia en México. Así lo han hecho, además de tener que detallar con idéntica precisión toda la información relativa al viaje, desde los pormenores del vuelo (número, compañía, horarios...) hasta los hoteles en los que van a estar alojados durante los diez días que Gómez Bermúdez les ha permitido viajar. Ferri y Baldó tienen previsto salir el lunes 20 y regresar por tanto el día 30.
Las medidas cautelares que dejaron a Ferri y a Baldó sin pasaporte se enmarcan en una de las piezas que sobre la gestión de la CAM se están instruyendo en la Audiencia Nacional, la que investiga los negocios que se hicieron a través de Valfensal, una mercantil propiedad en un 70% de los empresarios y participada por la caja en el 30% restante. Los empresarios también están siendo investigados por diversas operaciones del grupo Bancaja.
Los investigadores sostienen que los beneficios que se obtuvieron fueron desviados al paraíso fiscal de Curaçao, con lo que no sólo se habría cometido un presunto fraude a Hacienda sino que la CAM dejó de percibir lo que por su participación en la sociedad le correspondía. En este proceso están imputados, además de los empresarios, los exdirectivos de la caja Roberto López Abad y Daniel Gil, quienes también tienen retirado el pasaporte.
Por otro lado, se está a la espera de un informe de la Agencia Tributaria sobre el supuesto fraude fiscal que se pudo cometer a través de Valfensal. La instrucción de este proceso arrancó a mediados de 2012 tras la querella interpuesta por el Fondo de Restructuración Ordenada Bancaria (FROB).
