Aunque hay diferencias entre las cantidades exigidas, lo cierto es que las sanciones impuestas por el Banco de España igualan de alguna forma las responsabilidades de los exconsejeros. Exceptuando dos casos que están por debajo de los 50.000 euros, todos los vocales figuran en una horquilla situada entre los 70.000 y los 100.000 euros. El supervisor ha impuesto la multa por incumplir la SGR el coeficiente mínimo de solvencia antes de su refinanciación en julio 2013. No ha castigado, por tanto, los motivos —ni a los responsables— por los que la entidad requirió la ayuda de la Generalitat para no acabar disuelta. Así, el expresidente, José Roca, y el exdirector general, Juan Manuel García Puchol, han recibido una sanción de 100.000 euros. Ellos fueron los principales responsables de la gestión de la SGR durante décadas y su política de avales, muy centrada en el sector inmobiliario, fue la causa básica del agujero que puso a la entidad al borde de la extinción. A consejeros como el presidente de la CEV, Salvador Navarro, que llegaron en la etapa final (2009) y estuvieron en las negociaciones para evitar su disolución —el Banco de España supo en todo momento que el incumplimento de la solvencia era por la demora de Bruselas en aprobar la salvadora ayuda del Consell—, la multa sube a 85.000 euros. j. c. valencia