Además de la perplejidad inicial y el consiguiente malestar por las sanciones que el Banco de España pretende imponer a 37 exconsejeros de la Sociedad de Garantía Recíproca (SGR) de la Comunitat Valenciana por incumplir los mínimos de solvencia durante los meses previos a la refinanciación de su deuda en julio de 2013, los dirigentes empresariales valencianos, algunos de ellos entre los sancionados, han empezado ya a moverse para evitar en última instancia la imposición de esas multas. Según las fuentes consultadas, los patronos se han dirigido a máximos responsables del Consell para que ejerzan presión sobre el Ministerio de Economía, cuyo titular, Luis de Guindos, está previsto que venga a Valencia el próximo cuatro de mayo. El cálculo que hacen es que, tras las alegaciones que presentarán a la propuesta de sanción, el Banco de España dictaminará de forma definitiva y luego elevará una propuesta al Ministerio de Economía. Es ahí donde esperan que la política ejerza su misión.
Esta medida tiene, por supuesto, el objetivo de librar a los afectados, en su mayoría técnicos de organizaciones empresariales o pequeños empresarios, de unas sanciones, que van desde 43.000 a 100.000 euros, muy onerosas para sus patrimonios, sobre todo porque la SGR no tenía un seguro que cubriese la responsabilidad de sus consejeros. Como afirmaba uno de los implicados consultados ayer por este diario, alguno de los sancionados «no tiene en su cuenta corriente los 70.000 euros que le piden».
Pero hay un motivo añadido al mencionado y es el temor a que la aplicación final de las sanciones acabe ahuyentando de los consejos de ciertas entidades a los representantes del empresariado, empezando por la propia SGR. A este respecto, la citada fuente explicó que el actual consejo de la sociedad avalista, que al igual que el anterior no percibe ninguna remuneración, «está asustado» ante el temor a tomar decisiones sin mala fe que acaben por mermarles su patrimonio y su prestigio. No hay que olvidar que el incumplimiento sancionado era conocido por el Banco de España, ya que se produjo mientras la sociedad esperaba el visto bueno de Bruselas al aval de la Generalitat que finalmente evitó su disolución. En relación con esto, las fuentes consultadas aseguran que desde el supervisor se les ha trasladado que la entidad ha sido «benevolente» con ellos en cuanto al importe de las multas. Es cierto que la legislación contempla que, por el motivo aludido, cada consejero podría haber recibido una sanción de medio millón de euros.
