28 de abril de 2015
28.04.2015
Denuncia

Facua denuncia a Cajamar por pedir a sus clientes que aclaren si tienen "alguna actividad política"

La organización de consumidores ha recurrido ante la Agencia Española de Protección de Datos

28.04.2015 | 03:56

Facua-Consumidores en Acción ha denunciado a Cajamar ante la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) por requerir a sus clientes que aclaren si tanto ellos como un «familiar o allegado» han «desempeñado en los dos últimos años alguna actividad política», según informó ayer la organización de consumidores. Cajamar ha enviado en los últimos días una carta a sus clientes, a la que ha tenido acceso este diario, en la que adjunta un formulario que el usuario debe cumplimentar y firmar y a través del cual se le solicitan todos sus datos personales, datos de actividad, que es donde se incluye la pregunta sobre actividad política y laboral, y datos económicos: ingresos anuales y origen de los fondos depositados en las cuentas en caso de que no procedan de la actividad principal sino de herencias o rentas inmobiliarias.

La misiva, con fecha de 30 de marzo pasado, informa a los clientes de que su origen se encuentra «en la normativa vigente en materia de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo», que «obliga a las entidades de crédito a recabar de sus clientes y mantener actualizada la información de su actividad empresarial o profesional y el origen de sus fondos». La entidad, cabecera de dos decenas de cooperativas de crédito de la Comunitat Valenciana, advierte también de que la misma legislación precisa que las entidades de crédito «no mantendrán relaciones de negocio con las personas que no proporcionen la citada documentación, razón por la cual, de no atender nuestra petición» en el plazo máximo de cuatro semanas, «nos veremos legalmente obligados a adoptar medidas que pueden ir desde el bloqueo de sus cuentas hasta la cancelación de ellas».

En su página de internet, Facua advertía ayer de que para exigir este dato, el banco «pretende ampararse, sin rigor alguno, en la normativa vigente en materia de prevención del blanqueo de capitales». La asociación señala que se trata de «datos especialmente protegidos» que no puede obligarse a facilitar a ningún ciudadano. Facua espera que Protección de Datos expediente a Cajamar y, entre otras medidas, la inste a abstenerse del tratamiento de los datos que reciba relativos a la «actividad política» de sus clientes, familiares y allegados. Tras conocerse la denuncia, Cajamar hizo público un comunicado en el que aclara que que «no estamos preguntando a nuestros clientes sobre su ideología, religión o creencias sino sobre el desempeño de "actividades políticas con responsabilidad pública"», es decir si son o han sido alcaldes, concejales, diputados o consellers, entre otros. La entidad reitera que el formulario es una obligación legal.

Esta práctica es habitual en Andorra, donde se hace una entrevista al usuario que pretende ingresar grandes cantidades de dinero. Un ejemplo fue la familia del exvicepresidente de la Diputación de Valencia, Enrique Crespo. El político y su hermano negaron al banco tener responsabilidades públicas, si bien luego los jueces de Andorra y Valencia descubrieron que esa afirmación era falsa en el transcurso de la instrucción del caso Emarsa.

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