Responsables de centros de investigación de la Universidad Politécnica de Valencia recurrieron a la Fundación Instituto Valenciano de Tecnología (Invate) para obtener casi un millón de euros procedentes del programa del Ministerio de Industria Plan Avanza cuya gestión está ahora siendo investigada en los tribunales. Según fuentes conocedoras del procedimiento, el juzgado de instrucción número 7 de Valencia tramita una causa en la que figuran, entre otros, los nombres de director del Centro de Investigación en Bioingeniería (I2B) y el LabHuman, Mariano Alcañiz, y el director del Centro de Trasferencia de Tecnología (CTT) de la Politécnica, Andrés Moratal.
Alcañiz y Moratal, que era tesorero de Invate, acordaron con el decano del Colegio de Ingenieros Industriales y expresidente del patronato de la fundación, Javier Turégano, el patrono Javier Alcalá Esterlich y el exdirector-gerente Ignacio Vila que la entidad solicitase en 2007 una subvención para la creación de un Instituto Europeo de Tecnologías centradas en el Humano, lo que posteriormente se ha conocido como LabHuman.
La gestión de los fondos, que procedían del Plan Avanza, ha derivado en un agujero patrimonial de cerca de 900.000 euros en el Invate que ha abocado a esta fundación al concurso de acreedores al tiempo que sus nuevos patronos optaron por denunciar los hechos ante la Fiscalía, el juez y el Ministerio de Industria.
El beneficiario final del plan era el centro I3B de la Politécnica, que obtenía y aprovechaba la inversión acometida para la creación del LabHuman, así como de la estructura de su actividad pese a que la UPV como tal no podía acogerse a las ayudas del programa por tratarse de una entidad de derecho público.
La subvención recibida por el Invate consistió en una ayuda fondo perdido de 197.525 euros y un préstamo sin interés de 800.000 euros a devolver en trece años y con vencimientos periódicos. Tras recibir los fondos, el entonces presidente del Invate, Javier Turégano, suscribió un convenio con Alcañiz como director del I3B para que este centro colaborase en la ejecución del proyecto. El propio Alcañiz figuraba como director del proyecto y ordenó los pagos desde las cuentas del Invate.
Para lograr el dinero necesario para devolver el préstamo se suscribió un segundo convenio entre el Invate (Turégano) y un segundo instituto, esta vez ligado a la Politécnica, la Universitat de València y la Jaume I al que se denominó I3BH y dirigido por el propio Alcañiz. El acuerdo contemplaba la emisión de facturas en favor de la fundación por servicios de apoyo y formación y asesoramiento en la preparación de propuestas para programas financiados con fondos públicos.
Este último convenio, en cuya elaboración participó Andrés Moratal, según los documentos que obran en el juzgado, fijaba el abono de unas cantidades anuales al Invate para que devolviese el préstamo.
En las resoluciones de justificación de subvenciones se señala que el instituto de la UPV se vería beneficiado del uso y disfrute de inmovilizado material propiedad de Invate valorado en 254.409 euros, de actividades de promoción del proyecto en 86.415 euros, de la mano de obra valorada en 576.101 euros y de material fungible por valor de 90.970 euros.
Los problemas para el Invate llegaron cuando el instituto de la UPV registró el impago de parte de la anualidad de 2012 y toda la de 2013.
La Fiscalía ha pedido que se cite a declarar como imputados a Turégano, Alcalá Esterlich, Ignacio Vila, Andrés Moratal y Mariano Alcañiz. No obstante el juez ha imputado de momento al último y ha llamado al resto a declarar como testigos.
En favor de los investigados está el hecho de que la Secretaría de Estad de Telecomunicaciones certificó en 2010 que el gasto imputado cumplía con los requisitos establecidos.
