Novedades en la dura batalla judicial que tiene enfrentados a dos de los bufetes estrella de Valencia. El juzgado de instrucción número 4 de la ciudad ha dado por finalizada la instrucción del procedimiento penal abierto contra Antonia Magdaleno, socia de Antonia Magdaleno Abogados, con la sospecha de existencia de un delito de estafa por el que reclama una fianza de 5,4 millones de euros y que podría derivar en penas de cárcel de hasta cuatro años y seis meses.
La causa tiene su origen en una querella interpuesta por Broseta Abogados, el despacho para el que trabajaba Magdaleno como responsable de concursal y reestructuraciones hasta que en 2011 decidió independizarse y crear su propio bufete. La abogada se llevó consigo los concursos en los que figuraba como administradora concursal, entre ellos el de Viajes Marsans, el del grupo vasco Urazca o el de Martinsa Fadesa, la mayor quiebra empresarial de España con un pasivo de 7.000 millones de euros.
Según la denuncia de Broseta, Magdaleno ocultó 5,4 millones de euros en honorarios de Martinsa y de Urazca cobrados por una sociedad limitada de su propiedad que debía haber refacturado al bufete. «Se ha podido acreditar que, como consecuencia de su actuación, la acusada se ha lucrado en perjuicio de la querellante», dice el escrito provisional de acusación de la Fiscalía que ayer adelantó Expansión. El ministerio público pide una pena de prisión de cuatro años y medio de cárcel por estafa, el único delito por el que será juzgada la abogada. La acusación le atribuía también apropiación indebida y administración desleal, pero esto no ha sido admitido por el juez.
Según confirmaron a Levante-EMV desde ambas partes, el de la jurisdicción penal no es el único campo en el que ambas partes han batallado. Además de la querella por la minuta de Martinsa y Urazca, Broseta inició una reclamación civil de varios millones de euros por gastos y honorarios generados por otros concursos que dirimió en la Corte de Arbitraje de Madrid. En su respuesta de reconvención, Magdaleno también reclamó honorarios impagados y llegó a solicitar incluso la disolución del despacho Broseta en virtud de la aplicación de ley de sociedades profesionales. Finalmente el laudo arbitral se resolvió parcialmente en favor de Broseta y Magdaleno tuvo que desembolsar 1,3 millones de euros más costas e intereses tras rechazar la Corte el recurso de anulación del laudo presentado por la letrada.
Magdaleno se muestra convencida, a preguntas de este periódico, de que el resultado del procedimiento penal será «una sentencia absolutoria». «No puede ser de otro modo. Broseta no tiene razón ni ninguna prueba». La abogada aseguró que todavía no ha tenido conocimiento de traslado de la causa a la Audiencia Provincial de Valencia para la apertura de juicio oral y que ni siquiera ha tenido opción de presentar escrito de defensa.
La base de su defensa es que, tal como fijaba la ley, fue nombrada administradora concursal como persona física. Es decir, ella era la administradora, y no el bufete. «Se pactaba un fijo y unos variables concurso a concurso, con un porcentaje por el apoyo del equipo del despacho. Yo nunca he tenido un contrato», insistió.
Por su parte, fuentes del despacho de Broseta mostraron su satisfacción por el hecho de que la Fiscalía haya hecho suyos sus argumentos, basados en varios informes periciales. También dijeron que Magdaleno ha rechazado varias intentos de alcanzar un acuerdo.
