Los resultados electorales del pasado domingo y el más que previsible relevo que conllevará en el Consell de la Generalitat y en el Ayuntamiento de Valencia han sembrado de incógnitas a algunos de los proyectos que los empresarios valencianos estaban negociando con las administraciones autonómica y local, hasta ahora gobernadas por el PP. El caso sobre el que se ciernen más dudas es el de Feria Valencia.
La Generalitat, el ayuntamiento y la institución ferial ya han consensuado un borrador de nuevos estatutos para la institución que, entre otras cuestiones, la convierte en un consorcio público controlado por la administración autonómica, que es la que se hace cargo de su elevada deuda, y con una participación minoritaria del consistorio valenciano, que mantiene la titularidad de los edificios y los terrenos. El borrador se encuentra ahora siguiendo el proceloso camino para obtener todos los parabienes burocráticos, entre ellos el visto bueno de la Abogacía de la Generalitat.
Los empresarios consultados no creen que este proyecto se vea afectado por un cambio en el Consell, debido sobre todo a que el gobierno que se prevé, de izquierdas, no debería, por cuestiones meramente ideológicas, estar en contra de la conversión de Feria Valencia en una empresa pública dependiente de la Generalitat, sobre todo si es esta la que hace frente a la multimillonaria deuda. En lo que también hay coincidencia es en que el relevo en el Consell provocará una demora en la aprobación final de los estatutos y, por tanto, en la conversión de la Feria en consorcio.
Los problemas en serio vendrán después, dado que el proyecto de reforma ferial contempla la creación de una empresa privada que se haga cargo de la gestión comercial del recinto con la participación en la misma de un operador del sector que aporte negocio a la institución cuyo comité ejecutivo preside José Vicente González.
Con el PP había sintonía en este modelo. Queda por ver qué pasará con el futuro Consell. El proyecto ha sido trabajado con la actual oposición parlamentaria. No parece que el PSPV de Ximo Puig vaya a poner problemas, pero las dudas provienen de sus posibles socios de gobierno: Compromís y, sobre todo, Podemos. Las fuentes consultadas apuntan que si el nuevo Consell no quiere la privatización tendrá que buscar fórmulas alternativas que hagan viable las enormes instalaciones de Benimàmet.
«Papel mojado»
Lo que parece haber quedado en papel mojado era el acuerdo entre el Consell y la alcaldesa Rita Barberá para que esta siguiera presidiendo el patronato „junta de gobierno, a partir de ahora„ ferial. Ese órgano reduce su composición de 35 a 8 miembros, con mayoría de control de la Generalitat. Todo indica que será alguien del Consell quien presida esa junta ahora que Barberá no va a repetir en el consistorio, a no ser que en las negociaciones para un pacto de gobierno se ceda el cargo al futurible alcalde de Valencia Joan Ribó, de Compromís.
Otras dos cuestiones de calado para el empresariado, como son la Ley de Participación Institucional y la Ley de Cámaras de Comercio, se encuentran ya encauzadas, debido a que fueron aprobadas por las Corts con el voto favorable de todos los partidos, a excepción de Compromís, que se abstuvo. Dado el relevante papel que se aventura a este partido en el futuro Consell, está por ver qué decidirá finalmente. Las fuentes empresariales consultadas no creen que haya problemas, entre otros motivos porque, como sucede con la nueva legislación cameral,«la trabajamos con todos los partidos».
Sin embargo, conviene tener en cuenta que la Ley de Participación Institucional, que garantiza unos ingresos fijos a la patronal autonómica Cierval y a los sindicatos UGT y CC OO, tiene pendiente un fleco importante: el reglamento que la desarrolla y establece, entre otras cuestiones, cómo se justifica el dinero percibido. Ese texto estaba siendo negociado en la actualidad entre los agentes sociales y la conselleria de Economía.
