El grupo de ingeniería y señalética Postigo ha logrado un mes de plazo para seguir negociando con sus acreedores la adhesión al convenio y plan de pagos que le permita superar su situación concursal y mantener la actividad y los puestos de trabajo. El juez ha aceptado la solicitud de los representantes legales de la compañía de aplazar la reunión de la junta de acreedores prevista para ayer y fijar el próximo 25 de junio para una nueva convocatoria.
La demora permitirá a Vicente Sáez, presidente y máximo accionista de las firmas Postigo Obras y Servicios y Funtam seguir negociando con las entidades financieras acreedores, las más resistentes a adherirse a los convenios de acreedores si no se introducen garantías hipotecarias sobre los activos del grupo.
«La respuesta de la mayoría de los acreedores comerciales ha sido positiva, solicitando incluso a sus aseguradoras que se adhieran. El lunes Cesce confirmó la adhesión en notaría de todos sus asegurados», explica Sáez en una comunicación remitida a las entidades financieras acreedoras. En esta explica que Santander ya ha formalizado su respaldo a los convenios y que Bankia y Cajas Rurales Unidas han expresado también su intención de adherirse. «Mantengo la prudencia de seguir tratando de obtener vuestro necesario voto de confianza».
El grupo Postigo tiene una deuda de 42 millones de euros de la cual el 80 % está en manos de los bancos. Además de los ya citados son acreedoras casi todas las entidades que operan en España. Caixabank, BBVA y Sabadell tienen sobre el 10 % de deuda cada una. Bankinter, Ibercaja, Popular, Unicaja, Espirito Santo, NGC y Banca March completan la lista. De la comunicación remitida por Sáez se desprende que algunos bancos quieren que el grupo aporte garantías hipotecarias, algo que el dueño de la empresa considera que lastra su futuro. Del apoyo de la banca al plan de viabilidad y calendario de pagos propuesto por la empresa es clave para su supervivencia. Si hay respaldo, Sáez sostiene que cuenta con carga de trabajo suficiente para reflotar las empresas. En caso contrario, la compañía con sede en Manises se verá abocada a un complicado proceso de liquidación que puede dejar sin empleo a sus más de 300 trabajadores.
