El presidente de Cepyme Alicante, Cristóbal Navarro, no está dispuesto a dar por enterrada su cruzada contra la patronal alicantina Coepa. Por eso, una vez más, ha cumplido su amenaza y ha optado por dar donde más duele: en el centro de oficios que la organización que preside Moisés Jiménez tiene en el polígono de Babel de Alicante. En concreto, Navarro acaba de presentar una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción de Alicante, aunque también ha dado traslado a Valencia, contra la directora del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF), Mariona Roger, por un supuesto delito de malversación de caudales públicos por su «pasividad» a la hora de reclamar la deuda de tres millones que Coepa tiene con el banco de la Generalitat. Ahora bien, el dirigente no se queda ahí, alerta de que esta situación podría ser constitutiva de una «ayuda pública ilegal», advierte de que las cuentas del IVF no recogen una «imagen fiel» y avisa de que toda esta situación se ha venido produciendo pese a que era conocida por el ya conseller de Economía en funciones, Máximo Buch; y el de Hacienda, Juan Carlos Moragues; así como por el jefe del Consell, también en funciones, Alberto Fabra. Con ello, en la práctica, Cristóbal Navarro viene a instar a la Fiscalía a que haga extensible la investigación a la cúpula de la Generalitat. El envite no es anecdótico. Cristóbal Navarro es muy consciente de que, en caso de que Coepa acabara perdiendo estas instalaciones de Babel, la patronal, dada su situación financiera, estaría abocada a la desaparición. Por ello, pone el acento en todo momento en esa denuncia en que ya no se trata sólo de que Coepa no pague sus deudas, sino de que el Consell no le exige su pago.
Sea como sea, y más allá de lo que pueda pasar, el dirigente de la organización empresarial de pymes enumera en la denuncia todos los escritos que, desde el pasado mes de agosto, ha ido dirigiendo al IVF y a la Generalitat, primero reclamando información sobre el préstamo que en su día la entidad financiera dio a Coepa por el centro de oficios y alertando en tono amenazante que en ningún caso se le han reclamado a Coepa los vencimientos que se adeudan; quejándose después de que se le ha denegado cualquier tipo de información en ese sentido; siendo más duro en las últimas misivas, cuando ya deja claro que pedirá responsabilidades por lo que considera una lesión a los intereses públicos.
A lo largo de ese escrito dirigido a la Fiscalía, desde Cepyme insisten, como ya hicieran en las cartas remitidas al IVF y al Consell a lo largo de los últimos meses, en la inacción del Instituto Valenciano de Finanzas, en la discriminación en el trato entre organizaciones e incluso siembra la duda sobre una posible «compra de voluntades» al decir que, al no exigírsele la deuda a Coepa, se hace que esta acabe siendo una organización al servicio de los intereses del Consell.
