Cinco años después de que el Gobierno suprimiera el pago obligatorio de cuotas por parte de las empresas a las cámaras de comercio, las mercantiles aún adeudan a la corporación valenciana 150.000 euros. La deuda, como explicó ayer a este diario su presidente, José Vicente Morata, ha ido descendiendo desde el millón de euros al que llegó a los 487.000 del año pasado y a los citados 150.000 presupuestados este año. La cifra está provisionada y pendiente de ejecución por parte de Hacienda y en su mayoría corresponde a firmas en concurso o que han desaparecido.
Esa deuda es el último rescoldo de lo que en un tiempo fue la gran riqueza de las cámaras de comercio, que tenían anualmente unos enormes ingresos asegurados por la vía de las cuotas empresariales. El Ejecutivo de Zapatero puso fin al recurso cameral permanente en 2010. Tras un periodo transitorio de dos años, ninguna empresas paga ya cuotas, si bien todas ellas se encuentran censadas en sus respectivas cámaras al ser estas corporaciones de derecho público. A causa de aquella decisión, la Cámara de Valencia ha visto cómo su presupuesto se reducía a la mitad: de los 16,85 millones „11,20 de los cuales correspondían a cuotas„ de 2010 a los 8,67 de 2015.
La entidad valenciana, que había heredado una muy elevada tesorería, se ha aferrado a los ingresos por prestación de servicios y a los convenios como fórmula de futuro y ha declinado, a diferencia de la más pobre Cámara de Alicante, recurrir ya a las donaciones de grandes empresas. Sin embargo, con la futura aplicación de la reforma de la ley cameral, el 20 % del pleno corresponderá a grandes empresas y estas sí harán aportaciones. Serán doce firmas. Según Morata, aún no se sabe cuánto dinero deberán poner, «aunque no será decisivo sobre el total del presupuesto». La Cámara se reserva la opción en el futuro de «arbitrar» fórmulas para otras firmas que quieran contribuir.
