El Banco de España ha decidido finalmente reducir las sanciones que impuso a la Sociedad de Garantía Recíproca (SGR) de la Comunitat Valenciana y a 37 de sus exconsejeros por haber incumplido el coeficiente mínimo de solvencia antes de la refinanciación de la entidad en julio de 2013. Tras las alegaciones presentadas, el supervisor ha bajado la multa a la sociedad de 200.000 a 135.000 euros, es decir, un 35 % menos, según un comunicado de la propia SGR. Otras fuentes elevaban al 40 % la reducción media que el Banco de España ha aplicado a los exconsejeros. Ayer resultaba difícil precisar al respecto, dado que no todos los afectados habían recibido los documentos. Sí se sabía que el organismo presidido por Luis María Linde ha tomado en consideración algunas atenuantes, como si el consejero en cuestión estuvo en el comité de riesgos de la SGR o el tiempo que permaneció en el consejo de administración de la sociedad. Así, vocales como el expresidente, José Roca, y el director general, Juan Manuel García Puchol, cuya sanción inicial era de 100.000 euros, ahora deberán pagar en torno a los 60.000. Otros con multas de 85.000, como el presidente de la CEV, Salvador Navarro, se quedarán en 50.000. Por contra, el máximo responsable de Femeval, Vicente Lafuente, que tenía la multa más pequeña, con 43.000 euros, ahora deberá abonar solo 5.000.
Las diversas fuentes consultadas, incluida la propia SGR, desconocían ayer los motivos para la reducción de las sanciones. Sí trascendió que Salvador Navarro se reunió hace un mes con altos directivos del supervisor para hacerles ver la conveniencia de no sancionar a los consejeros, en especial a quienes estaban en la SGR en representación de organizaciones empresariales, porque las elevadas multas por una misión que encima no estaba remunerada iban a retraer en el futuro a muchos de ellos a aceptar responsabilidades similares. La respuesta del Banco de España fue dar la razón de palabra al líder de la CEV y a la postre reducir las multas de forma «significativa» para los parámetros del supervisor: el castigo pudo llegar a los 500.000 euros. Algunos consejeros, sin embargo, están decididos a recurrir la decisión ante la Audiencia Nacional. Hasta que haya resolución judicial no será preciso que paguen.
