La Conselleria de Economía irá de la mano con el Ayuntamiento de Valencia en su intención de revertir el actual mapa de zonas de gran afluencia turística y reducir a una las áreas que permiten a los centros comerciales disfrutar de libertad horaria. El conseller Rafael Climent y el concejal de Comercio, Carlos Galiana, mantuvieron ayer un primer encuentro para tratar de buscar una salida al conflicto de los horarios y las discrepancias entre las asociaciones de comerciantes, las patronales del gran comercio y la lluvia de acciones judiciales y administrativas que han puesto en marcha las grandes superficies del área metropolitana, que se sienten discriminadas.
La solución planteada por Galiana, en línea con el programa de Compromís, es restringir las aperturas dominicales. En ese sentido reiteró la voluntad del equipo de gobierno del alcalde Joan Ribó de que en Valencia exista sólo una zona de gran afluencia turística, «articulada en torno a la Lonja de Valencia, que es el monumento declarado Patrimonio de la Humanidad por a Unesco y que, por tanto, es la zona de mayor atracción turística».
En la práctica esto supone reconducir a los centros comerciales de la ciudad a la situación anterior a la modificación por parte del Gobierno de Mariano Rajoy de Ley de Comercio estatal cuando llegó a la Moncloa. El cambio declaraba a Valencia y Alicante ciudades turísticas y habilitaba a los ayuntamientos a dar libertad total de horarios o fijar zonas concretas donde no hubiera restricción de aperturas. El consistorio dirigido por Rita Barberá creó cuatro zonas que en la práctica permitían a las grandes superficies de la ciudad abrir sin limitaciones. Sólo se quedó fuera la zona de Corts Valencianes, pero un recurso de Mediamarkt forzó al Ayuntamiento a incluirla también.
Fruto de la liberalización en Valencia se produjo un agravio comparativo con el gran comercio del área metropolitana. Gran Turia en Xirivella y MN4 e Ikea en Alfafar han recurrido a la Comisión Nacional de la Competencia, el Ministerio de Economía y, en el caso de la multinacional sueca, al contencioso-administrativo.
La pasada legislatura, ante el aluvión de quejas de los operadores y la negativa del pequeño comercio y los supermercados a abrir más la mano, el conseller de Economía, Máximo Buch, sacó adelante un decreto que fijaba criterios objetivos para las aperturas y que en la práctica restringía y frenaba en seco los deseo de los centros de fuera de Valencia.
Este decreto, que no obtuvo el respaldo de las patronales del gran comercio como Anged, ha sido cuestionado por el Ministerio de Hacienda y, ahora también por el de Economía, por considerar que colisiona con la legislación estatal. El conflicto terminará en el Constitucional si no hay acuerdo en la comisión bilateral negociadora que debe constituirse entre Estado y Generalitat.
El Consell no tiene previsto ceder a las pretensiones liberalizadoras del Gobierno, al que acusa de invadir competencias exclusivas de las autonomías, como son las de Comercio y Turismo. Es más, apoya la solución que plantea Valencia, que pasa por restringir al máximo previsto en la Ley de Comercio estatal las zonas de gran afluencia turística (ZGAT) con una única área en la que además no hay grandes centros comerciales.
Posición común
Climent y Galiana consensuaron una posición común ayer en un encuentro en el que también participaron la secretaria autonómica de Economía Sostenible, María José Mira, y el director general de Comercio, Natxo Costa.
Climent destacó la voluntad de la Generalitat de «trabajar conjuntamente, pensando en el modelo social que queremos para los ciudadanos de la Comunitat Valenciana». «No se trata solo de un modelo comercial, sino de un cambio del modelo productivo en el que se tenga en cuenta la conciliación familiar, los derechos de los trabajadores y trabajadoras y cómo ganar en calidad de vida en el día a día de los ciudadanos».
«En esta línea „añadió„ tenemos que ir de la mano de los ayuntamientos, que son los que, en función de los criterios legales, deberán decirnos si revertimos algunas de la zonas declaradas de gran afluencia turística». E insistió: «Tanto desde el Ayuntamiento como desde la Generalitat vamos a hablar con todas las asociaciones que representan a los pequeños comercios y a las grandes superficies y, a partir de ahí, llegaremos al acuerdo que creemos que debe ser mayoritario para mejorar la calidad de vida de la gente».
